El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es el organismo público autónomo encargado de resolver sobre las controversias interpuestas por los solicitantes de información en contra de entes públicos y privados -en este último caso en relación con la protección de datos personales-, en los casos en que no se encuentran conformes por la respuesta brindada por los sujetos obligados. Recordemos que los organismos públicos autónomos no se encuentran dentro de la clásica división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino que son creados para desempeñar funciones relevantes para el Estado y como contrapeso de los poderes, en particular del Ejecutivo. Su objetivo principal es suplir una deficiencia en la atención de los derechos ciudadanos y fungir como instituciones especializadas, en este caso su especialidad es la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el INAI requiere de siete Comisionados -incluido su Presidente- para integrar el pleno y poder resolver, entre otros temas, los recursos de revisión interpuestos por las personas inconformes con las respuestas de información otorgadas por los gobiernos.
Hace algunas semanas el Senado de la República designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como Comisionados del INAI, después de más de un año de emitida la convocatoria. El atropellado nombramiento dejó fuera a personas muy calificadas y con experiencia, lo que se evidenció en las discusiones del Senado dejando entreverla existencia de un acuerdo entre el Senador Ricardo Monreal, Coordinador de los Senadores de Morena, para impulsar a Rafael Luna Alviso -uno de los aspirantes con evaluaciones más bajas- y a Ana Yadira Alarcón Márquez, respaldada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Ante tal controversia el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió vetar el nombramiento argumentando que “los candidatos a comisionados no cumplían con los requisitos legales establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que buscaba mayor control en las áreas de transparencia y protección de datos”.
Con lo anterior el INAI está en riesgo de quedar inoperante a partir del 1 de abril de 2023, con la próxima conclusión del cargo del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, que será el próximo 31 de marzo de 2023. Por lo que, de no nombrarse antes de esa fecha a los Comisionados, el INAI quedaría inoperante -al menos para sesionar en pleno- e imposibilitado para atender y resolver los recursos de revisión, afectando a la ciudadanía solicitante de información y de protección de sus datos personales.
El INAI anunció que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la violación a su autonomía constitucional por parte del Presidente de la República, argumentado que como órgano constitucional autónomo es uno de los principales contrapesos del poder y una herramienta de la sociedad.
Recordemos que la transparencia y el acceso a la información pública se encuentran reconocidos como derechos humanos en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de expresión”, siendo obligación del Estado garantizar el ejercicio de éste derecho a través del INAI.
El Senado de la República cuenta con un gran rezago en el acuerdo de nombramientos, por lo que se ve complicado que la crisis de funcionamiento del INAI pueda resolverse a la brevedad. Un caso similar ocurrió en el INFODF, ahora INFOCDMX, en la que el pleno quedó inoperante por la falta de emisión de nombramientos por parte del Senado dela República durante varios meses.
Sin duda alguna, se abre un riesgo latente de crisis constitucional y del ejercicio pleno de los derechos humanos en la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de los datos personales.
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