A veces parece que avanzamos muy poco en cuestión de justicia, pero otros son días soleados, donde podemos gritar a los cuatro vientos que las mujeres seguimos en la lucha por detener la violencia de género en cualquiera de sus modalidades. Tal es el caso de la Ley 3 de 3 que bloqueará la participación política o la función pública de los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género.
El Senado dio a conocer que esta iniciativa reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución. Aunque ya ha sido aprobada, se requiere que se avale por 17 congresos locales antes del 1 de junio. Sí, esto evitaría que cualquier agresor ocupe algún cargo en las elecciones 2024.
Gracias a las organizaciones sociales, que no descansan nunca, ya se aprobó en 23 congresos locales en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Esto es histórico, pues asegura que la impunidad no continúe perpetuándose o escabulléndose si el agresor pertenece a la función pública o política.
El problema es que algunos diputados no están de acuerdo con esta ley, pues se dice que la impugnarán porque consideran que la votación para aprobarla no se hizo como se debía, ya que ese día se tomó la tribuna.
Además, Gerardo Fernández Noroña insiste que esta iniciativa solo quiere pegarle a los políticos y no trata hacer un cambio de fondo para terminar con la violencia de género.
Discrepo con esa afirmación, pues considero que sí, que poner el ejemplo con quienes siempre están al frente de un cargo público hará la diferencia, pues como sabemos muchos han aprovechado su poder para salir impunes o no hacerle frente a sus responsabilidades.
La insistencia de algunos diputados por marcar esta ley como “una casería de brujas” solo deja ver el temor de muchos de ellos por quedar fuera de la política o del servicio público porque tienen denuncias en su contra.
Sólo pensemos en el senador Félix Salgado Macedonio quien tiene carpetas de investigación por abuso sexual, y sigue cobrando 114 mil pesos mensuales. Si realmente se quiere cambiar, ¿por qué este tipo de casos se siguen?
El lema “ningún agresor en el poder” debe hacerse ley, porque también de esa manera se confronta no sólo la violencia, también la corrupción.
Se requiere que sin dilación esa ley se publique en el Diario Oficial de la Federación antes del 31 de mayo.
