Las consecuencias de un desastre dependen de diversos factores concatenados: naturales, sociales, económicos y políticos, los cuales se construyen socialmente a lo largo de décadas en una comunidad. La vulnerabilidad social (pobreza y marginación) y la vulnerabilidad física de dicha localidad (ubicación geográfica y condición ambiental) son los principales aspectos que determinan el grado de afectación y la intensidad de los efectos destructivos en la población, sus bienes y el entorno después de un evento desastroso.
Un desastre no es un hecho aislado, ni espontáneo; es un proceso social, una consecuencia de un problema de desarrollo generalmente desatendido por la vulneración de derechos civiles y sociales, como la vivienda, la salud y el trabajo. La migración y la pobreza, por ejemplo, son condiciones que contextualizan el riesgo de desastre, que al combinarse con fenómenos extremos de tipo climático o geológico, arrojan múltiples daños y pérdidas humanas.
En México, la ausencia de políticas públicas coherentes que consideren el carácter sistémico del riesgo de desastre ha propiciado un acúmulo de condiciones que hacen inminente una desgracia en múltiples regiones, donde los más pobres y marginados son siempre los más afectados. Una de las razones principales es la asignación presupuestal, ya que más del 90% del presupuesto público para la atención de desastres se ejerce en las fases de auxilio y recuperación; y menos del 10% de dichos recursos se utilizan en la fase preventiva. En consecuencia, desde 1986 y hasta nuestros días, así ha sido el panorama del ejercicio presupuestal y las pérdidas por concepto de desastres no logran abatirse. Por eso es urgente destinar mayor presupuesto a las políticas preventivas y romper este paradigma reactivo.
¿Cómo hacerlo? Participando todos, como fue planteada originalmente la protección civil desde 1949, cuando se llevó a cabo la Convención de Ginebra, auspiciada por la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo esencial fue: “Tanto en tiempo de guerra como de paz, proteger a la población de diversas formas en emergencias o desastres”. Bajo ese concepto surgió el símbolo internacional de la protección civil, consistente en un triángulo equilátero azul sobre un fondo color naranja, en el que ninguno de los tres ángulos tiene contacto con el borde, lo cual representa la acción equilibrada del Gobierno, Población y Grupos Voluntarios; el color azul como símbolo de prevención y el naranja representando el sentido de alerta social ante la irrupción de fenómenos perturbadores.
La intervención de la población y los grupos voluntarios en las actividades de protección civil –que representan dos de las tres esquinas del triángulo–, como fue planteado originalmente hace más de 70 años, además de dar legitimidad y consistencia a la acción humanitaria, es estratégica como contrapeso a la hora de tomar decisiones y definir prioridades.
Sin embargo, en México se rompió ese equilibrio con la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el cual surgió con la intención de consolidar la sinergia lograda entre los ciudadanos participantes en las acciones de búsqueda y rescate después de los sismos de 1985, pero al intentar dar orden y estructura a dicho espíritu solidario, el gobierno, a través de una estructura burocrática centralizada, dejó fuera de la toma de decisiones a la sociedad organizada y soslayó mecanismos eficaces para incentivar y vincular al voluntariado. Como consecuencia, basta revisar actualmente cuántos Comités Ciudadanos y Grupos Voluntarios cuentan con registro vigente en las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil para constatar, en los hechos, la poca participación del sector social en labores de prevención, auxilio y recuperación.
Del sector privado sólo se tiene registro y participación mediante la elaboración de Programas Internos de Protección Civil en sus instalaciones fijas o móviles, ya que es el único aspecto obligatorio establecido en las Leyes y Reglamentos, generales y locales, que considera una participación activa del empresariado industrial, comercial y de servicios; por lo demás, son casi nulos los convenios y acuerdos de colaboración preventiva; y menos aún los mecanismos financieros para el desarrollo de obras de mitigación de riesgos y construcción de infraestructura preventiva. La confianza entre empresarios y gobierno, en esta materia, es nula.
La primera Ley General de Protección Civil –promulgada en el año 2000– y su actualización de 2012, consideran solo enunciativamente la participación del sector privado y social; ni en su Reglamento, ni en el Manual de Organización y Operación del SINAPROC, se definen tareas y responsabilidades específicas a dichos sectores, limitando su participación según los criterios que cada dependencia gubernamental tenga a bien considerar para darles participación. En consecuencia el compromiso, disposición e involucramiento de la sociedad organizada es prácticamente nulo, salvo en la fase de auxilio, cuando los desastres tocan la puerta y es ahí en donde la solidaridad ciudadana no requiere de convenios, ni convocatorias para volcarse a la calle a ayudar.
Una nueva forma de vincular a los tres sectores requiere de la implementación de una mejor gobernanza de la gestión del riesgo de desastre; que el gobierno salga de la zona de confort y se permita ser interpelado por la sociedad y que sus políticas sean escrutadas y fiscalizadas de verdad, le daría vida a ese triángulo equilátero, en donde la población, los voluntarios y el gobierno hablen el mismo lenguaje, compartan responsabilidades y trabajen juntos por el bien de todos. Esto también es protección civil. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
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