Formalmente, el próximo año se disputarán la presidencia de la República dos mujeres en México con posibilidades reales de ganar. Hasta ahora: la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. Pero ¿qué significa que una mujer pueda tomar las riendas del más alto cargo público en México? Será un hecho histórico y vanguardista frente a países desarrollados que aún no han dado oportunidad a una mujer de ocupar la presidencia de su país. Pero habrá que ver si este rompimiento de techo de cristal se traduce en una forma diferente de hacer política y, llegado el momento, en una revolución institucional en favor de las mujeres.
La pregunta se impone porque ser mujer no es garantía de abanderar e impulsar una agenda de género en favor de las mujeres. En el rubro legislativo, actualmente, nuestro país cuenta con una normatividad de vanguardia en materia de paridad y de combate a la violencia de género, gracias a las recientes reformas de 2019 y 2020, respectivamente, además de criterios establecidos por las instancias jurisdiccionales.
Y derivado de estas disposiciones normativas en el Congreso de la Unión, desde 2021, existe una integración cien por ciento paritaria en ambas cámaras, tanto de diputaciones como de senadurías, pero legisladoras de oposición han denunciado, en forma recurrente, las reducciones presupuestales que año con año aprueba la mayoría de la bancada oficialista, donde la mitad de sus integrantes son mujeres, actuando en forma regresiva quitando recursos a programas en detrimento de las mujeres.
En el ámbito administrativo, si bien el gobierno federal presume gabinete paritario y actualmente son mujeres las que ocupan secretarías tan importantes como la de Gobernación o de Educación, su desempeño, como en el caso de otras carteras también ocupadas por mujeres, se ve opacado por una figura presidencial masculina que ensombrece su autonomía, además de su autoridad ya que, en la mayoría de los casos, las funciones de esas secretarías se han visto disminuidas, así como los recursos presupuestales asignados a sus responsabilidades.
La incidencia delictiva en contra de las mujeres no se ha reducido ni tampoco la impunidad ante las denuncias de violencia feminicida. En el caso de desaparición forzada de mujeres, a pesar de la existencia del Protocolo Alba, de 2018 a 2021 los casos aumentaron en gran parte debido a la falta de diligencia para la aplicación del mecanismo de búsqueda; o a que algunas entidades manejan las desapariciones como ”ausencias”, “extravíos” o “no localizaciones” desconociendo el riesgo inminente en el que se encuentran las víctimas; o cuando las víctimas son localizadas, sus casos quedan sin reconocerse, investigarse o sancionarse como delitos de género; y porque tampoco se han aplicado de forma correcta los protocolos para la búsqueda de mujeres, niñas o adolescentes por lo que la implementación de estrategias de búsqueda resultan insuficientes o inapropiadas, como lo señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
Esta organización, integrada por una red nacional de 43 organizaciones de la sociedad civil en 23 estados de la República y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para todas y todos”, conformada por 86 organizaciones que trabajan en coordinación con la CEDAW, documentan, en su informe de 2021, las deficiencias con que las autoridades implementan las medidas para atender los casos de víctimas de violencia familiar, violencia sexual, feminicidio y desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, donde la perspectiva de género sigue ausente y la justicia para todos, pero específicamente para las mujeres, sigue en el mayor de los rezagos.
Llama la atención que se diga que, al ser mujeres, la agenda de género ya no será un factor diferenciador. Difiero de ello. Hay que ver hacia atrás revisando lo realizado por legislaturas y gabinetes donde la mayoría son mujeres, así como el desempeño de los gobiernos estatales encabezados por mujeres para comprobar que la conciencia de género no es dada en automático. Rubros como la atención a víctimas de violencia, la impartición de justicia y el combate de la pobreza con real perspectiva de género, son rubros en donde se podrán valorar las diferencias entre ambas aspirantes presidenciales, tanto por lo realizado durante su trayectoria, como por lo que puedan prometer dentro de las campañas por venir.
Por lo pronto, creo que es Xóchitl Gálvez quien ha abanderado e implementado, desde hace muchos años, una real agenda de género en favor de las mujeres más pobres de México, como es la población indígena y de cuyos logros ha hablado en forma puntual. Sheinbaum, por su parte, está marcada por la poca o nula empatía con la lucha de las mujeres como quedó evidenciada, por ejemplo, en las históricas manifestaciones del 8 de marzo con el amurallamiento del palacio nacional, el acordonamiento del Zócalo y el retiro de la bandera de México durante esas concentraciones, lo que quedó registrado en imágenes que, en su momento, dieron la vuelta al mundo. Esos son hechos, simbólicos y reales.
@IrmaCruzE
