¿Cuántas veces se ha quejado el presidente Andrés López Obrador que los anteriores gobiernos dejaron crecer a la delincuencia?, y ¿cuántas, de esas mismas, en alguna, por lo menos, ha aceptado algún tipo de responsabilidad de que en cinco años no ha disminuido?
Fácil es culpar a los demás, lo complicado es aceptar que no existen logros ni avances en el tema de seguridad, porque los únicos que presume, son el resultado de los comparativos que sí le conviene hacerlos, ya que, aun tratándose de un mínimo de avance, aunque sea de algún otro mes de su propio gobierno, lo exhiben, intentando dar la impresión que va mejorando.
Pero no es así, los homicidios, las masacres, los desaparecidos, el control que ejercen los grupos delincuenciales en grandes zonas del país, incluso para imponer precios a los diversos productos, como son: el limón, la tortilla, el aguacate, entre otros, siguen en aumento, son una prueba clara de que el control no lo tiene el gobierno.
A muchos se les olvida que la supuesta estrategia de “abrazos y no balazos” es obra e ingenio del actual gobierno federal, ¿cómo entonces se puede presumir algún avance ante el acelerado crecimiento de las bandas que cada vez se observan más especializadas y sofisticadas para cometer a cualquier hora del día sus crímenes?
Las masacres ya es pan de todos los días, la imagen de la Guardia Nacional o del propio ejército mexicano han perdido respeto; ya sean delincuentes o pobladores, pero actualmente no hay garantía de que con su sola presencia logren ahuyentar a quienes se han convertido en los amos y señores de todo.
Los Estados con mayor número de masacres y fuerte presencia de cárteles se han venido multiplicando, pues aquellos, dominan el entorno de la seguridad desplazando a las fuerzas del orden todos los días. Si tan solo, aunque sea por curiosidad, se detienen un momento a observar las estadísticas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, se podría asumir las verdaderas condiciones en las que nos encontramos.
Quejarse de lo que otros dejaron de hacer, es no querer ver que la ausencia de estrategia debilita al gobierno, y, por otra parte, a pesar de que existen voces que hablan de un acuerdo del gobierno con aquellos, es difícil aceptarlo, pero en caso de ser cierto, no habría entonces la recuperación del control de la seguridad en un futuro próximo.
En Chilpancingo, Guerrero, una nueva masacre ha conmovido a la opinión pública; aunque debe aceptarse, de tantas que se han cometido, ya no es, por desgracia, una novedad. Nos hemos acostumbrado a ellas, tanto que ya no se les da la magnitud de asombro que merecen.
Solo que esta vez fueron el secretario de Seguridad Pública y el director de la Policía, junto con nueve elementos preventivos del municipio de Coyuca de Benítez, quienes fueron masacrados la tarde del lunes 23 de octubre, posteriormente, se dio a conocer que en total fueron 13 los ultimados.
En este sentido, se confirmó oficialmente que un comando emboscó al secretario Alfredo Alonso López, al director de la policía municipal, Honorio Salinas Garay junto con nueve elementos que fungían como escoltas de los funcionarios; los efectivos habrían sido esposados y después asesinados.
Es imperativo tomar cartas en el asunto y dejar de lado las naturales diferencias partidistas. Si no se hace algo en este momento, el próximo año en el que habrá elecciones reinará el caos, descontrol y, sobre todo, la intervención del crimen organizado que marcará el rumbo, y no habrá ninguna fuerza del Estado que pueda regresar todo a la normalidad. No pierde únicamente con todo esto la administración actual, sino el país entero.
Es tiempo de que cada quien asuma la responsabilidad que legalmente le compete ante la evidente debilidad mostrada por los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal, es menester reflexionar sobre sus condiciones laborales, pues los que no son cooptados por los criminales, son asesinados; pero es el pueblo el que termina por pagar las consecuencias.
Negar los hechos únicamente deja a la deriva el compromiso por cumplir una de las obligaciones de quien gobierna, la más importante, por cierto, y que es la de ofrecer seguridad, todo lo demás se correlaciona con esta de una o de otra forma, por lo que se tiene que dar mayor atención.
La Guardia Nacional desplegó a 300 elementos en Coyuca de Benítez y se iniciaron las investigaciones correspondientes. Independientemente de cuál sea el resultado de la carpeta de investigación y lo que logren descubrir los policías de investigación con el apoyo de lo que realicen los servicios periciales; el daño está hecho, los familiares de los muertos, principalmente, son quienes resienten la dolorosa pérdida.
Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos más?
¿Cuántos más para dejar de poner pretextos e implementar acciones que realmente apunten a contrarrestar el poder que han adquirido los delincuentes? ¿cuántos más para conciliar desacuerdos? ¿cuántos más para imponer un cerco entre la delincuencia y los cuerpos de seguridad, y, principalmente, con la ciudadanía?
En medio, siempre en medio, queda el pueblo. En un futuro no muy lejano ya no habrá quien quiera prestar sus servicios en las corporaciones policiacas, hoy más que nunca, se presenta como una actividad de alto riesgo, por lo que pertenecer a una de ellas, o, ser periodista de la fuente, es poner su integridad y su vida en juego, además de que el pago que reciben, no es, ni por asomo, equitativo a éste.
