El periodo de intercampaña continua. Las y los ciudadanos, expectantes, se preparan también con los elementos a su alcance para participar. La temperatura electoral va en incremento. El oficialismo parece perder terreno frente a quienes quieren vivir mejor y saben que merecen más. Prueba de que no van tan bien en las encuestas, como no se cansan de presumir, son los continuos ataques a Xóchitl Gálvez, su principal adversaria. El sentido común nos hace sospechar que si estuvieran seguros de su triunfo no atacarían al árbitro y mucho menos pretenderían destruirlo.
Ahora veamos más allá, ¿qué riesgos se observan en el proceso electoral? Baso mis comentarios en el reporte publicado por Integralia Consultores denominado “Diez riesgos políticos para el 2024”. Este trabajo presenta diversas hipótesis sobre qué pasaría si el oficialismo llegara a ganar la mayoría del Congreso de la Unión. En esta primera parte de mi análisis, quiero presentar algunos de los riesgos a las libertades, la seguridad y la economía:
- Terminar con el sistema de pesos y contrapesos, aunque parezca exagerado, afectaría el entorno de negocios porque alejaría inversiones extranjeras y nacionales que, ante todo buscan un entramado legal sólido e institucionalizado. La concentración del poder que pretende Morena, en López Obrador, acentuaría la incertidumbre económica, porque volveríamos a la economía presidencial y más aún si se pretende desaparecer o achicar los órganos autónomos. El gobierno volvería a ser juez y parte en muchos ámbitos de la economía y se limitaría la competencia en beneficio del consumidor.
- Con la reforma electoral tendríamos menos garantías de elecciones libres, legales y equitativas. Modificar el INE para que las elecciones sean organizadas, nuevamente, por el gobierno, permitirían la manipulación de los procesos electorales y la consiguiente pérdida de la capacidad ciudadana de premiar o castigar gobiernos con base en su desempeño.
- Cancelar el INAI daría como resultado una mayor opacidad gubernamental. Se eliminaría el órgano responsable de exigir al gobierno entregar información a los ciudadanos para conocer su desempeño. Se acabaría la posibilidad de escrutinio público. En el caso de otros órganos autónomos, como la COFECE, se perdería la libre competencia y el capitalismo de “cuates” (del actual gobierno) recibiría un importante impulso. Volveríamos a los monopolios que tanto trabajo nos costó limitar.
- La reforma energética, además de violar el T-MEC, derivaría en un cierre o restricción de la inversión de la iniciativa privada en el sector. Esto agravaría la disminución de la oferta e incrementaría la producción de energía eléctrica con hidrocarburos. Todo en perjuicio del medio ambiente y de la producción de exportaciones que requieren energía limpia.
- Los grupos criminales, amparados en la impunidad de la que gozan en el momento actual, ampliarían el control sobre gobiernos y mercados locales. Debemos tener claro que la impunidad existe cuando hay complicidad de la autoridad con los criminales. En esta mancuerna, los segundos dispondrían de recursos claves para sus acciones: datos personales, dinero público, policías y funcionarios a su servicio. Estos grupos delincuenciales diversificarían sus “negocios” y la neutralización de bandas rivales haría más visibles los enfrentamientos por territorios a costa de civiles indefensos. Y, claro, la impunidad crecería conforme el círculo vicioso se fortaleciera.
- Aumentaría la corrupción pues continuarían los manejos opacos e inusuales de cuantiosos recursos públicos, básicamente con fines electorales, sin sanciones a los responsables. Y claro, esto incluye a todos los órdenes de gobierno: federal y locales. Si la situación ha empeorado, como lo muestra, por ejemplo, el Índice de la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) publicado por AS/COA/Americas Society Council of the Americas y Control Risk que en 2019 colocaba a nuestro país con un índice de 4.65 (sobre 10) y en 2023, de entre 15 países latinoamericanos revisados, México aparece sólo por encima de Guatemala, Bolivia y Venezuela con un índice de 3.87, ¿qué pasaría si desaparecen los contrapesos actuales? Y, por otro lado, Transparencia Internacional ubica a México con un índice de percepción de la corrupción en niveles similares a los que tenía para estas fechas el gobierno de Enrique Peña.
Cada vez que me han preguntado por qué unir en un frente electoral a acérrimos adversarios como PAN, PRI y PRD, mi respuesta tiene que ver con los riesgos explicados por Integralia en su trabajo y que he compartido con ustedes, estimadas y estimados lectores, en este texto. En 2024 corremos el riesgo de que se deteriore nuestro sistema de vida como la hemos conocido en los últimos 30 años. No es perfecto, pero tiene una ventaja: las libertades. Enfrentamos la amenaza de su destrucción para dar paso a una dictadura que conculque derechos a discreción.
No dejaré de decirlo, si estaba mal que este país fuera de un solo partido político, sería peor que se convierta en el país de un solo hombre. Por eso estoy convencido de que todo aquel que aspire a vivir en un país libre debe manifestarse, primero el 18 de febrero en la marcha ciudadana. Yo estoy a favor de construir un gobierno para todos quienes queremos vivir en libertad y democracia y por eso además de marchar, el próximo domingo, hay que estar pendiente de las campañas, aceptar ser funcionarios de casilla si salimos sorteados, ir a votar y hacer equipo para tener todas las actas con los resultados. Está en nuestras manos, no lo duden.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
