Lizbeth Andrea Moreno Rodríguez[1]
Dr. Gonzalo Levi Obregón Salinas[2]
La participación de las mujeres en el ámbito laboral de México ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Constituyendo el 52.0 por ciento de la población total del país, las mujeres representan una fuerza laboral significativa, alcanzando el 43.8 por ciento del personal ocupado.[3] Sin embargo, la situación laboral de las mujeres aún en la actualidad se ve ampliamente influenciada por cuestiones de género que no solo afectan sus ingresos, sino también la posición que pueden alcanzar dentro de las empresas y el sector en el que se desempeñan.
Las mujeres contribuyen significativamente al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a través de sus ingresos laborales y de otras fuentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el impacto sobre su nivel de ingreso puede variar dependiendo de varios factores, como la brecha salarial de género, las responsabilidades familiares como el cuidado de hijos o familiares mayores, pueden limitar las oportunidades laborales de las mujeres y afectar su capacidad para generar ingresos, lo que a su vez puede influir en la cantidad de impuestos que pagan.
La ONU MUJERES, por ejemplo, establece el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, mismo que busca garantizar el derecho de las mujeres a recibir un salario justo y equitativo.[4] Sin embargo, la persistencia de la brecha salarial de género minimiza este principio y puede resultar en una carga fiscal desproporcionada para las mujeres. Aunque contribuyen con una parte significativa de sus ingresos en impuestos, suelen recibir menos ingresos netos en comparación con los hombres.
Esto significa que las mujeres pueden pagar más impuestos con menos dinero disponible. Además, el impacto del Impuesto sobre la Renta (ISR) en los ingresos de las mujeres no solo afecta su situación económica, sino que también puede tener implicaciones directas en sus derechos económicos y sociales reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos.
En algunos casos, si las mujeres destinan una parte significativa de sus ingresos al pago del ISR, pueden tener menos recursos disponibles para costear servicios médicos privados o cubrir gastos relacionados con la salud, como consultas médicas, medicamentos o tratamientos especializados. Esto puede tener consecuencias negativas para su salud y bienestar general, ya que pueden posponer o evitar la búsqueda de atención médica cuando la necesitan.
El impacto del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en los servicios médicos puede vulnerar varios derechos humanos, especialmente los relacionados con la salud, la igualdad de género y la dignidad humana como: el derecho a la salud, Derecho a la igualdad de género, Derecho a la dignidad humana. Para abordar estas inequidades, es importante implementar políticas que promuevan la igualdad salarial, apoyen el equilibrio entre el trabajo, la vida personal, y eliminen las barreras que impiden que las mujeres accedan a oportunidades económicas equitativas. Esto no solo beneficiará a las mujeres al reducir su carga fiscal relativa, sino que también promoverá un sistema tributario más justo y equitativo para todos.
[1] Estudiante de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México UAP Cuautitlán Izcalli, colaboradora del programa Laboratorio de Derechos Humanos de la Defensoría Municipal de Cuautitlán Izcalli.
[2] Defensor Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli, y profesor del posgrado en Derecho de la Fes Acatlán, integrante del SNI, del CONAHCYT.
[3] https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cefp0232020.pdf
[4] https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/igualdad-de-remuneracion#:~:text=El%20principio%20de%20igual%20remuneraci%C3%B3n,con%20criterios%20objetivos%2C%20como%20las
Esta columna se pudo realizar gracias al programa Buzón de Libros, así como al programa Laboratorio de Derechos Humanos, de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli.
