El pueblo elige, a través del voto secreto, a sus gobernantes para que se encarguen de administrar el recaudo de los impuestos que tenemos que pagar los ciudadanos, literalmente por todo, bueno, no todos, hay sus lamentables excepciones, aunque la historia cuenta de cobros de impuestos exagerados, muchos de ellos inauditos.
El gobierno tiene la obligación de proveer a los gobernados de bienes y servicios, de seguridad, de salud, de orden, entre otras muchas otras actividades que se desarrollan por medio de instituciones creadas para satisfacer cada rubro.
Cuando esas instituciones, y por ende el gobierno, dejan de cumplir con lo básico para satisfacer la necesidad que debe cubrir, y por la cual fue creada, vienen en consecuencia los reclamos sociales; de no ser atendidos, el ciudadano puede recurrir a las manifestaciones o marchas para llamar la atención de la autoridad y recordarle que fue elegida para dar solución a un problema planteado y no evitarlo.
Asimismo, el gobierno debe contar con gente preparada para conciliar los conflictos sociales, antes que estos se conviertan en un problema de grandes dimensiones, en los que tiene que intervenir la fuerza pública.
El buen gobierno se identifica por su capacidad para saber resolver estos conflictos, sin que la sangre llegue al río y existan tragedias que lamentar; pero tiene que contar con auténticos políticos capaces de resolver mediante el dialogo y con argumentos, pero esto sólo se da con quienes cuentan con la madurez y solvencia que se necesita para ello.
La intervención por parte de la autoridad en un conflicto es imperativo que sea determinante, pero al mismo tiempo con mesura, para imponer la ley por encima de quien sea, pero privilegiando el diálogo como condición fundamental de acercamiento con la comunidad. El gobierno que no sabe escuchar ni, en consecuencia, resolver, genera las condiciones propicias para un problema social mayor.
¿Cómo imponer entonces la ley sin llegar a reprimir al inconforme? Ya se señaló, a través del diálogo y la disposición para conservar la paz, pero ofreciendo respuestas para la atención al problema planteado.
Ahora bien ¿qué sucede cuando el ciudadano quiere pasar por encima de la ley y de los demás conciudadanos? La respuesta es sencilla, la aplicación depende de la autoridad, debe imponerse el castigo que corresponde a la norma, reglamento o ley quebrantada, sin distinción. Un individuo o un grupo, no puede estar por encima del bien común.
Cerrar una calle, avenida o camino sin la autorización de la autoridad que deba darlo, quebranta normas que pueden ser municipales, estatales o federales, incluso de carácter penal, como lo que sucedió recientemente en la calle Ciprés, y que afecta desde Horacio Zúñiga hasta Carranza, en la ciudad de Toluca, pues algunos vecinos decidieron por motu propio, poner una barda para restringir el libre tránsito, al que todos tenemos derecho.
La respuesta llegó por parte del gobierno municipal de Fernando Zamora, edil de Toluca, se tiró la barda construida, aunque esto se dio en respuesta al reclamo social que se generó por medio de redes sociales y que causó el descontento de una gran cantidad de gente que se supo afectada por la arbitrariedad de unos cuantos.
Pero, esos mismos vecinos, que seguramente cuentan con recursos económicos para retar a la autoridad, lo volvieron a hacer, y construyeron otro muro.
La pregunta natural es ¿qué hará el Presidente Municipal de Toluca? Tiene la obligación ineludible de actuar, existen decisiones que no son nada populares, pero, se tienen que tomar, para eso está en el cargo, y sobre todo, sancionar a quien ha quebrantado una norma.
La autoridad municipal está a prueba y tendrá, quiera o no, que demostrar el músculo ante una sociedad molesta por tanto incumplimiento de las obligaciones de sus representantes.
