La democracia judicial sigue pendiente en México. Lo que vemos hoy en día es más bien la judicialización de la política, especialmente con vistas a las contiendas electorales.
No son grandes batallas judiciales las que se libran, como en otros países, por la libertad de prensa y contra la corrupción, que forman parte de la sustancia misma de la democracia.
En México, se ha logrado que la libertad de prensa no sea limitada totalmente por la intromisión del gobierno, como sucedía el siglo pasado, pero sí se ve amenazada en ocasiones y en algunas regiones por la violenta intervención del crimen organizado que llega hasta el el cierre o la censura de periódicos. Hay muchos casos pendientes de resolver de periodistas asesinados y eso tiene que ver más con la corrupción de autoridades y cuerpos policiales que con deficiencias judiciales del sistema, que las hay.
En cambio, nuestro país es escenario cada vez más de pleitos judiciales alrededor de funcionarios o figuras políticas, principalmente los que están de algún modo ligados o son aspirantes a la lucha electoral.
Es una tendencia reciente hablar de “la judicialización de la política” o de ¨la politización del Poder Judicial¨, del desplazamiento de ciertos conflictos políticos hacia la órbita del Poder Judicial, previa ventilación en los medios que son los principales denunciantes. En parte, porque está en curso lento, muy lento, precisamente por este fenómeno, la transformación del propio sistema judicial. No es algo que tenga que ver con los jueces o con los ministerios sino con las intransigencias partidarias que han retrasado la definición y puesta en práctica de un nuevo sistema judicial.
Son los choques mediáticos, las denuncias de corrupción, falsas o verdaderas, quienes terminan poniendo al Poder Judicial en la encrucijada de resolver aquello que los cuerpos políticos no han querido hacer.
La tardanza en la resolución judicial no abona a otorgar confianza en la autonomía e independencia de los órganos de justicia, sobre todo si en algunos casos muestra una rapidez inusitada que no aplica a todos los casos, sin fiscal general que investigue por igual a todos.
Es impredecible el efecto que esta politización de la justicia, como parte de la guerra sucia de la carrera electoral, tendrá sobre el resultado electoral venidero.
Y más incertidumbre provocará si el desenlace de la elección presidencial no es conocido a tiempo y con transparencia, de manera que sea aceptable para la mayoría de los ciudadanos.
Si no es así y tiene que desahogarse en tribunales electorales se corre el riesgo de agravar aún más la judicialización de la política que estamos observando previa a las elecciones de julio. Aún es tiempo de corregir.
