Continuando con este tema, debo destacar que, independientemente de los aspectos políticos que influyen en la pretensión de desaparecer al IFT, existen algunos elementos de carácter técnico-jurídico que para quienes estamos inmersos en el sector, no pueden quedar de lado en el análisis; ya que constituyen la esencia del mandato constitucional de 2013 en la materia (reforma constitucional) y de ley reglamentaria (reforma a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión) del año 2014; que en su artículo sexto constitucional contiene temas ineludibles como: que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.
De igual forma; dicho artículo añade, que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones: “El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales”. De forma tal que, es evidente que la sola desaparición del órgano autónomo (IFT), no representa la solución de fondo que el país requiere; debido a que está de por medio todo un entramado de diseño e implementación de política pública, que compete al Estado en su conjunto y que debe ser tomado en cuenta como el aspecto más importante dentro de la política del país, tomando en consideración que con el avance tecnológico, el sector convergente (telecomunicaciones-radiodifusión-tecnologías de la información y la comunicación-innovación; entre otros), se han convertido en un eje transversal de las economías en el mundo.
Sin embargo, en el Apartado B y específicamente en su fracción segunda, que a la letra dice: “Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”, es en donde se encuentran los principales errores y omisiones en que ha incurrido el IFT tomando como base su responsabilidad enmarcada en el artículo 28 constitucional, que reza lo siguiente: “El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6.o y 7.o de esta constitución.
De igual forma, al IFT le fueron encomendadas las tareas de competencia económica en radiodifusión y telecomunicaciones; por lo que, como ustedes ubican, la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión le dio al IFT amplias facultades y atribuciones como para realizar un trabajo amplio basado en la fracción segunda del Apartado B, del artículo sexto constitucional; es decir, para desarrollar, regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión y el espectro radioeléctrico; no obstante, aquí es en donde yo ubico el principal problema; es decir, el IFT en sus 11 años de existencia sólo ha concentrado su trabajo en los aspectos de competencia, dicho de otra manera sólo se ha preocupado por los temas del mercado.
Dicha actitud del regulador invisibiliza lo relacionado con la calidad de los servicios, la pluralidad, la cobertura universal, la interconexión, la convergencia, la continuidad, el acceso libre y el no incurrir en injerencias arbitrarias; de forma tal que, esto pudo y debió realizarlo mediante planes de trabajo por rubro, con métricas específicas y bajo un esquema transparente y abierto al conocimiento de los ciudadanos, que es con quienes tiene verdaderamente un compromiso y menciono esto; ya que, de repente se ha observado una actitud que me lleva a pensar que su compromiso es con las empresas reguladas.
Una cuestión medular que debemos considerar, no importando quien tome las facultades y atribuciones en esta materia, es que el entramado técnico-jurídico-legal amerita una cirugía mayor; es decir, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el país requiere de profundas reformas constitucionales, de ley, políticas públicas digitales, planes y programas sectoriales y el engarce con la ciencia, las humanidades, tecnologías y la innovación; lo que permitiría establecer un nuevo paradigma convergente que es una necesidad para el desarrollo del país y para enfrentar en mejores condiciones retos como la revisión del T-MEC y los procesos de relocalización de empresas en Norteamérica.
Y, por último, debo apuntar que, todo el trabajo que se realice deberá tener sí como rector al Estado, pero con la estricta participación de la industria, los trabajadores y la sociedad civil; de tal forma que los cambios sean para el bien del país.
YA EN EL CORREDOR:
En paralelo al abandono de los combustibles fósiles, han surgido iniciativas como la apertura de la mayor planta dedicada al secuestro de carbono con energía renovable del mundo; ésta se ubicará en Islandia, el país del mundo que mayor proporción de energía renovable consume; casi el 100% de su energía es de origen geotermal o hidráulico; experiencias para tomar…. En fin.
Luis Escobar Ramos
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