Esta es la tercera entrega sobre el tema. Que se haya hecho pública una de las contradicciones en las que incurrió el oficialismo en su reforma al Poder Judicial, nos ha caído como anillo al dedo para hablar precisamente de la falta de armonía Constitucional y Convencional que existe en la pretendida reforma, la que a nuestra consideración es tan débil, que si el Derecho Internacional es en verdad útil y no letra muerta, no tiene ninguna posibilidad de aprobar el criterio de revisión en su armonía desde la óptica Convencional, esto en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos criterios de nuestro sistema jurídico interno, que ha declarado al sistema jurídico internacional parte del andamiaje Constitucional, claro, siempre y cuando nuestro país haya firmado los tratados y declaraciones.
Debemos recordar algo importante, una idea que tiene que ver más con la postura general que cualquier abogado debería tener, frente a todos los asuntos que se presente ante él o ella, que es el no perder el tiempo cuando sabe que no le asiste la razón o perder el tiempo intentando vías que no son procedentes. En nuestro caso y partiendo de lo anterior, sabemos que el juicio de Amparo no es procedente ante modificaciones a la Constitución, único recurso de control normativo que tenemos como gobernados, así es que ante la ausencia de un recurso efectivo a favor de la ciudadanía, es que hemos resuelto recurrir a la jurisdicción internacional, reclamando de manera general, la falta de Convencionalidad en las reformas a nuestra Carta Magna en torno a la reforma judicial.
Hechas las aclaraciones anteriores, pasemos al punto de crítica sobre la reforma que nos interesa en esta entrega: la falta de armonización de la reforma con el propio texto constitucional, los Tratados Internacionales de los que México es parte y desde luego las propias contradicciones y omisiones.
Dentro de los artículos que los legisladores pasaron por alto en su reforma, está lo establecido en el párrafo tercero del artículo 41 de la Constitución Política, que contempla únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para ser integrados a través de procesos electivos, con las características que el mismo párrafo contempla, es decir, en la reforma impulsada por morena y aliados, no se armonizó con este artículo, seguramente apostando al bacheo legislativo que realizarán ante las omisiones legislativas detectadas.
Como muchos lo vimos, en las últimas horas no ha quedado más que reconocer errores en la reforma a las principales personalidades del actual gobierno, primero tocó el turno a Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas y después a la presidenta, los que coincidieron que ante los errores de una reforma hecha al chingadazo, otra reforma con las mismas características era la solución para resolver las contradicciones y omisiones.
Hay algo que no ha entendido el primer piso y segundo de la 4T y es que el diseño de la democracia liberal no falla, y no nos equivoquemos por favor, no estamos haciendo una apología de ella, somos críticos convencidos de que la idea de libertad que nos venden y su manejo, son algo contraproducente para una sociedad ignorante, más que una herramienta de reivindicación, pero para bien o para mal no falla; bajo los derechos fundamentales de libertad (económica), igualdad (política), seguridad y propiedad (privada), es un sistema que resulta complicado modificar, para eso fue diseñado y lo que morena pretende si darse cuenta o creyendo ilusamente que lo pueden hacer, es modificar este diseño que se adoptó con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa de 1789 después del triunfo de la revolución francesa.
Tratando de tapar sus errores y callar los intentos de defensa jurídica contra la reforma, la presidenta de la república señala que la reforma judicial representa la manifestación de la voluntad del pueblo de México de modificar su forma de gobierno en cualquier momento, lo que no dimensiona es que el artículo 39 de la Constitución encierra un mecanismo para que las generalidades de esa forma de gobierno no se modifiquen, más que una herramienta para hacer los cambios que pretenden, los que de concretarse sí alterarían en mucho esa forma de organización económica, política y social en la que vivimos llamada democracia liberal.
Principios como el del poder soberano del pueblo para darse gobierno, el de los principios generales de la democracia liberal, así como el de la integración de los poderes constituidos, chocan al mismo tiempo con principios como el de legalidad, que niega la idea de libertad al poder legislativo, precisamente evitando que cualquier ocurrencia que tengan pretendan llevarla a la Constitución, ideales que se han robustecido con la infinidad de Tratados y Declaraciones que ha firmado el Estado Mexicano y que le han otorgado esa soberanía a un gobierno global integrado por la ONU, las Cortes Internacionales entre otros organismos, que ahora tienen la obligación de realizar el Control de Convencionalidad sobre la reforma judicial, la primera y la que montarán los diputados de la 4T para tratar de bachear la accidentada reforma que le quisieron regalar como despedida al hoy expresidente López Obrador.
ADDENDA
1. Me enteré que el caso del PRD en el Estado de México está cucho como diría un conocido, que nació muerto o con una discapacidad insuperable. Resulta que la pérdida del registro nacional le ha quitado la careta a muchos de sus líderes locales que se frotan las manos por los 60 millones que anualmente recibirá este partido que podría llegar a lograr su registro local. Por fin sus militantes verán al verdadero Omar Ortega, ese que cambió en varios momentos de grupo político para llegar hasta donde está.
No dudo que el aún diputado local plurinominal, tenga en mente quedarse con parte de esos 60 millones anuales, los que usará para seguir engrosando su de por sí ya abultada billetera y seguramente para trabajar su paso al Verde Ecologista, el Partido del Trabajo o incluso Morena, donde no es muy querido, la cosa es seguir viviendo del presupuesto.
2. El paro hasta el día de hoy sostenido por el Poder Judicial, como medida de presión ante la reforma judicial ya no tiene razón de ser, esperemos que la próxima semana retomen labores, la lucha ahora es jurídica, ya no política.
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Abogado Postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
