La reforma judicial ha traído un gran impacto sobre magistrados y jueces, que han dedicado años a construir una carrera basada en la perseverancia, el mérito y el servicio público. En el Poder Judicial del Estado de México hay quienes han hecho un recorrido en la carrera judicial desde muchos años atrás.
Por ejemplo, un técnico judicial a los 23 años, quien, a través de exámenes de selección y concursos de oposición, avanzó en un riguroso proceso de evaluación y selección. Compitió con muchos y muchas y superó exámenes de selección; luego obtuvo calificaciones mínimas de 8 y 9 en diversos puestos: notificador, secretario, juez y, finalmente, magistrado. Llegó al cargo a los 23.
El nombramiento debió ser aprobado por la Legislatura local y requirió la mayoría calificada de los diputados, para la responsabilidad en revisión de sentencias y además vigilar las decisiones de los jueces. Estos magistrados y jueces sirven en el Poder Judicial del Estado de México. Nadie los ha volteado a ver.
¿Qué pasará con ellos y ellas? ¿Su vida ha sido afectada? La reforma judicial cambió su constructo familiar y laboral, que construyeron sobre una serie de evaluaciones, exámenes y dedicación constante. Muchos representan a sus familias y a los ciudadanos del Estado de México, con quienes tienen una relación de cercanía y servicio. Han trabajado arduamente, incluso en horarios extendidos, para cumplir con su labor.
Vamos, por ejemplo, con una jueza originaria de Toluca. Todos los días va a Amecameca, su lugar de trabajo en Amecameca. Ella es madre de tres hijos y quien diga que no cumple con su trabajo tras hacer tres horas para llegar y tres para regresar, no tiene ni idea.
Las tareas de los jueces penales es otro ejemplo. No tienen horarios fijos, y laboran los 365 días del año. Quienes emiten órdenes de aprehensión están disponibles las 24 horas. ¿Estos jueces son enemigos del pueblo? Al contrario, han servido con entrega al Estado de México. ¿Es posible que en algunos casos haya existido corrupción o abuso de poder? Tal vez, pero no podemos generalizar de ninguna manera. Son de arduo trabajo y dedicación, me refiero a personas que no solo conozco, sino que también respeto.
Estos servidores públicos están en una encrucijada. Para muchos, hay solo dos caminos: rendirse y renunciar, sí tienen la opción de jubilarse, o someterse a las nuevas reglas y participar en procesos de elección, incluso si estas reglas no son de su agrado. Pero ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía?
La ciudadanía enfrenta una responsabilidad histórica. Alguien reflexionaba que pocos ciudadanos están verdaderamente informados sobre quiénes son sus representantes locales, sus regidores o sus diputados. Solemos votar por partidos, sin evaluar a las personas detrás de esas siglas.
Ahora, por primera vez, se hace necesario que los ciudadanos sepamos quiénes son nuestros jueces, quiénes han demostrado una carrera judicial intachable, quiénes poseen estudios especializados y quiénes, en última instancia, han servido con integridad a la sociedad. ¿Quiénes queremos que lleven los casos? ¿Una persona inexperta?
Estos profesionales altamente calificados no serán fácilmente contratables, ya que muchos de ellos tienen maestrías, especialidades e incluso doctorados. No se les puede remunerar fácilmente en el ámbito privado.
Algunos esposos y esposas también son jueces o magistrados federales—por haberse conocido en la facultad de derecho o en el trabajo—, podrían encontrarse en una situación en la que, de un día para otro, ambos queden sin empleo. Y ahora hasta se les acusa de nepotismo.
Veremos si habrá denuncias laborales, incluso en tribunales internacionales, en busca del respeto a sus derechos. Veremos cuánto le cuesta al Estado las indemnizaciones a magistrados y jueces. Todavía son muchas las respuestas por contestar.
