Desde que se implementó la reforma de Derecho Humanos en 2011, motivada por la sanción que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso a nuestro país, por diversas omisiones cometidas al incumplir las recomendaciones que le realizará en el caso “Rosendo Radilla Pacheco”, muchos han sido los intereses por encontrar los recovecos en la Constitución para minimizar la obligación de cualquier autoridad para prevenir, investigar y sancionar cualquier posible violación a Derechos Humanos.
En 2012, si no me equivoco, hubo una intentona por parte de un diputado del PRI, aún con una fuerte presencia en ese momento en las cámaras legislativas, por modificar el artículo 1 de la Constitución, en la que se planteaba suprimir precisamente ese párrafo que impone ciertas obligaciones en relación a la prevención y sanción sobre violaciones a Derechos Humanos a cualquier autoridad, con el argumento que sería algo así como un cuento de nunca acabar, pues aunque no lo dijeron, la violación de estas prerrogativas es el pan de todos los días en el ejercicio del poder público.
El problema del poder no tiene que ver con un partido, sino con el poder en sí mismo; quien lo ocupa se comporta exactamente igual cuando es mayoría, como lo hacían a quienes se criticaba en el pasado y aunque no soy partidario de los Derechos Humanos, no pueden ser sólo parte del discurso gubernamental y al mismo tiempo letra muerta en la realidad; así es que si la clase política no sabía lo que implica la firma de todos los tratados que han celebrado tratando de quedar bien con la comunidad internacional y la masa de gobernados, al parecer ya lo empiezan a comprender.
13 años después de la implementación de la reforma en Derechos Humanos, otro partido, el que defiende al “pueblo bueno”, en su desesperación por mantener su reforma judicial, incluso planteó a través del coordinador de los diputados federales de morena, que no fuera procedente el control de convencionalidad en reformas a la Constitución, propuesta que la hemos reducido en una sola frase, pero que de materializarse representaría necesariamente la salida de México de la Organización de Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ese tamaño su locura.
El bacheo legislativo que el partido en el poder ha empezado para sostener su reforma, desde luego no es suficiente, pues su falta de armonía con lo que conocemos como el bloque Constitucional, está bastante alejada de las obligaciones que el país contrajo en la Convención Americana de Derechos Humanos y sí la ley requiere un control constitucional y convencional, la Carta Magna no puede quedar excluida de ese control, sería tanto como pretender que el legislador no cumpla con las normas que emite; bueno en la realidad llega a pasar esto último.
Por fortuna para nuestro plan de presentar nuestra queja, la disputa y lucha en torno a la reforma judicial, se ha desarrollado en la esfera pública; la clase política ilusamente ha creído que son los órganos del estado los únicos interesados en esta discusión, olvidando que en realidad, sí lo sabemos plantear bien, somos los gobernados los más importantes dentro de las democracias liberales y si estamos en lo correcto, nuestras instituciones nos han negado un recurso efectivo para cuestionar el contenido de la Constitución en función de los ideales liberales que México ha adoptado con los distintos Tratados Internacionales y Declaraciones a las que se ha adherido, algo que debe corregir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previa intervención de su Comisión, una privación que atenta contra otros derechos no sólo el de acceso a la justicia efectiva, sino el de la libertad misma, entendida como un bien superior más allá de sus conjugaciones como la libertad corporal, de tránsito, de expresión, etc.
¿Por qué titulamos esta entrega como lo hicimos?, porque con morena, como ocurrió con el PRI en su momento, estamos frente a una realidad que coincide con aquella frase de Juárez que quien decía: “malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.
Aclaro, no estamos de acuerdo con la corrupción que se vive en el poder judicial, una corrupción en la que están también inmersos grandes personajes afines al partido en el poder, pero esta reforma judicial, además de vendetta entre personas de carne y hueso, es la adecuación que requiere el partido en el poder para perpetuarse en el por muchos años y para declarar legal y constitucional la ignominia clientelar con la que ejercen desde ya el poder.
ADDENDA
1. Con la iniciativa legislativa fallida que es eje de esta colaboración, el número de entregas faltantes pasó de 3 a 5, así es que desarrollaremos todos estos aspectos que son de nuestro interés y preocupación, claro, desde la visión del ciudadano y no del poder.
2. Dice el refinado Gerardo Fernández Noroña que el senado podría no aceptar las renuncias de entre 6 y 7 ministros de la Corte. Me parece algo extraño, si le aceptaron en su momento su renuncia a Eduardo Medina Mora, no entiendo por qué ahora no. Cada que veo a este personaje recuerdo cuando viajaba en Volvo rojo, cuando era pueblo, no por convicción, sino porque no había “cash”, pero ahora que hay hueso todo definitivamente ya cambió.
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