“Crueldad grande”. “Acto tan terrible que resulta inhumano e insoportable”. Así se define a la atrocidad. Y lo refiero porque todos los días vemos actos de violencia y agresión que se cometen en contra de personas y/o comunidades en diferentes partes del país y del mundo; sin embargo, cuando esa violencia se dirige contra menores de edad, es cuando podemos hablar de atrocidades.

Cuando nos enteramos de casos como el de Fernandito —que fue asesinado por una deuda de mil pesos que contrajo su mamá— o el de una niña, Dulce, de 12 años, que fue baleada en Chalco, aparentemente por otra deuda, o al ver las noticias derivadas del conflicto armado entre Israel y Palestina, que ha provocado la muerte de más de 15 mil niñas y niños en Gaza, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es cuando la atrocidad deja de ser solo un concepto y se hace patente en la sociedad.

¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué, a pesar de que tenemos acceso a tanta información en tiempo real, no somos una sociedad mejor? ¿Será que siempre se han cometido atrocidades y el problema es que ahora son más visibles? ¿Será que el acceso a tantos contenidos en las redes socio-digitales, donde se muestran terribles actos violentos, ha motivado ese tipo de comportamientos? O, como dice mi amiga Nelly: “todas las anteriores”.

En el caso de las muertes de infantes derivadas del conflicto armado entre Israel y Palestina, se trata, sin duda, de crímenes que adquieren otra connotación, porque son acciones que han decidido gobernantes y han provocado esas consecuencias… esas atrocidades. Ese contexto es más complejo de atender, porque implica decisiones de orden global, aunque ni la ONU ha podido hacer mucho al respecto.

Sin embargo, en el ámbito local, a partir del caso de Fernandito o Dulce, es cuando debemos cuestionarnos: ¿qué es lo que mueve a alguien para asesinar a otra persona? ¿Qué le lleva a quitarle la vida a una menor de edad que no puede defenderse… e incluso aunque pudiera, por qué asesinarle?

Hace unos años, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México se presentó el doctor Eduardo Calixto González, en ese entonces jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” de la UNAM, para hablar de la neurociencia de la violencia. Aquí le dejo el link por si quiere revisarla: https://www.youtube.com/watch?v=OYt2stlKm1c

En esa conferencia, el doctor Calixto advirtió que como sociedad hemos normalizado la violencia; incluso varias generaciones fuimos formadas en entornos de violencia. Frases como: “la letra con sangre entra”, “si te pegan, pega”, “si regresas golpeado yo te voy a dar otra tunda para que aprendas a defenderte”, eran válidas. Las mamás y papás normalizaban —y autorizaban— que los profesores le pegaran a los estudiantes si no se comportaban correctamente.

Sin embargo, situaciones de violencia —como el bullying— modifican el comportamiento de las niñas y niños porque, de acuerdo con el doctor, lo que se aprende entre los 9 y 12 años es la conducta que se repetirá durante toda la vida. Si a esa edad un menor crece con mentiras, así se comportará de adulto; si se ve abandonado, será un “excelente abandonado”, y si ve violencia, será un “excelente violentador” y no tendrá capacidad para identificar sus niveles de violencia; e incluso podría padecer alexitimia, que es la incapacidad para interpretar emociones.

En aquel momento, el investigador de la UNAM explicó que las conductas de ansiedad o miedo pueden desencadenar actos de violencia y, conforme aumentan, difícilmente se pueden controlar. Además, los entornos de ansiedad y miedo se multiplican cuando existen carencias materiales y condiciones de pobreza que acentúan los círculos de violencia.

Por ello, sería fundamental que como sociedad —y las autoridades en particular— reflexionemos respecto a aquello que hacemos para prevenir y erradicar la normalización de la violencia. No basta con hacer más rigurosas las leyes o generar nuevas estructuras administrativas para atender las denuncias, y mucho menos con elegir a las personas juzgadoras.

Eliminar los entornos de violencia que se han normalizado tanto requiere —necesariamente— del trabajo conjunto entre autoridades y sociedad, empezando por la educación. Ese es el primer elemento que podría ayudarnos a revertir el ambiente hostil en el que nos encontramos, y no me refiero solo a la educación que se ofrece en las aulas.

Sería importante que los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), así como los medios de comunicación y las instituciones de educación, realizaran acciones integrales de formación y promoción del diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Hace unas semanas, el Poder Judicial del Estado de México suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mexiquense, a fin de capacitar y certificar a 800 docentes y personal de distintos subsistemas de Educación Media Superior como mediadores y conciliadores escolares. Sin duda, es un paso relevante; sin embargo, cuando se presentan los casos de conflicto en una escuela, es solamente el síntoma de una problemática más profunda que viene desde el hogar.

Es fundamental que al interior de las familias nos reeduquemos para erradicar las expresiones y procesos normalizados de violencia. Asimismo, sería clave que los contenidos que vemos como sociedad —y particularmente las niñas, niños y adolescentes— estén ausentes de expresiones de agresión. ¿Será posible una gran cruzada para poner alto a la violencia? Sin duda sí, el tema es que haya la voluntad de muchos sectores.