La narrativa de la 4T hablaba de construir un México fuerte, competitivo y justo… y llegamos al momento de presentar el paquete económico 2026, que, como los anteriores, confirma y profundiza la estrategia del sexenio anterior: marcada concentración de recursos en asistencia (no desarrollo) social y rescate de empresas energéticas. El documento parece cimentado en proyecciones macroeconómicas que, a juicio de diversos analistas, carecen de realismo y prudencia. La SHCP proyecta un crecimiento económico para 2026 de un rango entre 1.5 % y 2.5 %, con inflación cercana al 3 %. Supongo que pretenden generar una percepción de estabilidad y crecimiento sostenido.
Sin embargo, expertos como Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero del Grupo Financiero Base, califican las estimaciones de crecimiento como “ilusorias”; la probabilidad de un crecimiento del 2.5 % es “prácticamente nula”. Citi México corrobora este escepticismo y es más conservador: crecimiento al 1.2 %, por la incertidumbre que traerá la revisión al T-MEC y la cautela del sector privado en las inversiones. Además, no perdamos de vista que, si la economía se desacelera, el gobierno obtendrá menores ingresos fiscales que los proyectados. Resultado: mayor endeudamiento o recortes abruptos a mitad del año para mantener el equilibrio, lo que contradice la narrativa de “responsabilidad económica”.
El presupuesto para programas sociales se eleva en casi un billón de pesos, lo que representa un aumento significativo de 152 mil millones de pesos respecto al 2025; esto equivale al 3 % del PIB y es tres veces más grande que el gasto social del primer año de la administración anterior. La Secretaría del Bienestar registra un incremento del 16.32 % en su asignación. Los aumentos más significativos son: la pensión para personas adultas mayores, que recibe un incremento del 8.9 %, pasando de 483,427 millones de pesos a 526,508 millones, el mayor gasto público; la pensión para mujeres, que pasa de 15,000 millones de pesos a 56,969 millones, casi cuadriplicando su presupuesto; y las becas para educación, que aumentan 39.9 %, alcanzando 184,595 millones de pesos. La crítica principal a estos programas es que se otorgan de manera universal y no se concentran en los hogares con menores ingresos. Su efecto de reducción de la pobreza extrema ha sido casi nulo. En otros casos, se crean incentivos perversos, como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que ocasiona que opten por no estudiar ni trabajar.
El gasto en el sector energético es un costo fiscal creciente como consecuencia de la prioridad ideológica del gobierno. Pemex tiene asignado un megapresupuesto de 780,862 millones de pesos, en gran medida para cubrir los vencimientos de deuda de casi 18,000 millones de dólares en 2026. Padecen del “culto al petróleo”: no invierten, gastan en una apuesta ideológica que impone una pesada y creciente carga fiscal. Recursos que podían destinarse a necesidades más apremiantes se consumen en la empresa emblemática del nacionalismo revolucionario.
En salud, desmantelamiento y contradicción. El presupuesto asignado decrece cada año. En 2022 se le asignaron 193 mil millones, en 2025 66 mil millones y en 2026 seguirá la disminución. La paradoja es que el impuesto sobre producción y servicios (IEPS) se aumenta en refrescos y tabaco; dice el gobierno que es para contrarrestar los efectos presupuestales del tratamiento de las enfermedades vinculadas a estos productos, pero disminuyen el presupuesto.
En seguridad pública, continúa la militarización. Este presupuesto recorta 10 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y aumenta 7.88 % el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Se profundiza la estrategia de militarización del país en detrimento de las instituciones civiles.
El combate a la corrupción se transforma en retórica sin respaldo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado miles de millones de pesos fuera de la ley. Pero la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un pilar del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presenta un subejercicio histórico y significativo. Sin los recursos suficientes, se ha convertido en una herramienta retórica más que en una política pública sustantiva.
Para corregir los desequilibrios y alinear el gasto público a las verdaderas necesidades ciudadanas y mejorar la calidad de vida, sería necesario que: a) se revirtiera la compactación y los recortes al presupuesto de salud; b) se reasignaran fondos desde proyectos militares no esenciales hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; c) se propusiera un aumento real y una garantía de ejercicio de presupuestos a los órganos como la ASF y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; d) sin duda, se requiere una revisión profunda de la política energética para volverla eficiente, productiva y rentable, sin ideologías paralizantes.
México enfrenta una encrucijada presupuestaria. Sin un cambio de rumbo hacia las necesidades evidentes y la eficiencia, presupuestos como este profundizan los desequilibrios que limitan el potencial de desarrollo.
El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
