El robo de teléfonos celulares es de los delitos más frecuentes —y más rentables— en México. Pero no es casualidad. De acuerdo con cifras del INEGI, millones de personas reportan cada año haber sido víctimas de robo o asalto en la calle, y el celular es el objeto más sustraído. En un país donde más del 90 por ciento de la población urbana usa smartphone, el mercado ilegal es prácticamente inagotable. Muchas denuncias se hacen por el hecho de que se debe cobrar seguro, no porque las autoridades den importancia para atrapar a los ladrones de un “simple” celular.
El problema no es solo la cantidad, sino la sofisticación. Los teléfonos robados no se pierden, se ubican en circuitos bien conocidos, como las llamadas plazas de la tecnología, donde pueden revenderse, desbloquearse o desarmarse para piezas. Ahí, a plena vista, hay un negocio que parece operar con más eficiencia que la propia autoridad.
Las víctimas lo saben. Muchas veces logran rastrear sus dispositivos, ubicar el punto exacto donde están, incluso verlos “activos”. Y, sin embargo, no pueden hacer nada. Acudir por cuenta propia implica un riesgo evidente. Y solicitar apoyo institucional rara vez se traduce en una recuperación efectiva.
Denunciar sin respuesta
Se anuncian operativos una y otra vez. Se habla de decomisos, de aseguramientos, de inspecciones. Pero, para quien fue despojado de su teléfono —a veces con violencia, otras de manera casi imperceptible entre multitudes—, la realidad no cambia. El aparato no regresa. El daño económico y emocional queda ahí.
El argumento oficial es el de siempre. Dicen que las denuncias no se ratifican y, por eso, los detenidos, los ladrones, los delincuentes, son liberados. Pero quienes sí están dispuestos a denunciar se topan con trámites engorrosos, falta de atención o indiferencia. La carga de la justicia recae en quien ya fue víctima.
El fenómeno es nacional. En ferias, conciertos, celebraciones patronales, mercados y cualquier espacio con alta concentración de personas, el robo de celulares es ya parte del paisaje. A veces ocurre sin que el dueño lo note; muchas otras, a través de asaltos directos, cada vez más cínicos.
Y, mientras tanto, los teléfonos circulan, se venden, se desarman o se reactivan como si nada. No es que no sepamos dónde están; es que nadie parece dispuesto —o autorizado— a romper la cadena. Este delito se ha normalizado y es con eso con lo que realmente se instala la impunidad.
