En México existe hoy una preocupación creciente: cada vez más adolescentes, jóvenes de entre 12 y 17 años, están siendo involucrados en hechos delictivos. Ante esto, muchas personas se preguntan si deberían recibir los mismos castigos que los adultos cuando cometen delitos graves. Esta es una discusión importante que merece ser analizada con cuidado.
Lo primero que hay que saber es que nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales que lo obligan a tratar a los adolescentes de manera diferente a los adultos. Uno de los más importantes es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en sus artículos 37 y 40 prohíbe expresamente que los jóvenes sean juzgados o castigados igual que los mayores de edad. A esto se suma la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma de 2011, obliga al Estado a respetar estos tratados internacionales, incluso la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece claramente que ningún joven puede recibir la misma sentencia que un adulto.
Entendido el marco legal, es importante comprender para qué sirve realmente este sistema de justicia juvenil: lo primero es explicar que no está diseñado para castigar, sino para educar y orientar. Su objetivo es ayudar a los adolescentes a entender las consecuencias de sus actos y reintegrarse a la sociedad. Por eso, quienes trabajan en este sistema, personas juzgadoras, abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos, así como trabajadores sociales, deben tener una formación especializada. En ese sentido, la referida Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en sus artículos 23 y 64, exige que estas personas cuenten con conocimientos en diversas áreas y sean capaces de generar empatía con los jóvenes, recordando siempre que estamos hablando de personas que aún están en desarrollo.
Sin embargo, el sistema tiene fallas. En varios estados del país, los centros donde se aloja a los adolescentes y las instituciones encargadas de aplicar la ley no cumplen con los objetivos que se les pide. Algunos carecen de la infraestructura adecuada, reglamentos internos claros y, sobre todo, personal verdaderamente capacitado. Para que este sistema funcione como debe, todas las autoridades mexicanas necesitan comprometerse más y trabajar de manera coordinada.
Otro problema es que los derechos de las víctimas suelen quedar en segundo plano. Es fundamental que las personas afectadas por un delito tengan un papel real dentro del proceso: contar con un asesor jurídico que las represente y con el apoyo de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si las víctimas se sintieran escuchadas y protegidas, sería más fácil entender y aceptar los fines educativos que busca este sistema de justicia juvenil.
Un recurso que se usa poco pero que puede ser muy valioso es la justicia restaurativa. Se trata de un proceso en el que víctima y agresor dialogan para encontrar una solución al conflicto sin necesidad de llegar a juicio. Este enfoque respeta principios clave del sistema juvenil como la intervención mínima y la agilidad en los procesos; además contribuye a reconstruir el tejido social y a devolver dignidad a la víctima. Si se utilizara más, muy probablemente los resultados serían mejores para todos.
En conclusión, México debe seguir apostando por este sistema de justicia juvenil y por sus fines educativos. Hay que entender que hacer justicia no significa vengarse, y que aunque los adolescentes son conscientes de lo que hacen, tratarlos como adultos violaría los compromisos internacionales que el país ha adquirido.
Lo que necesitamos es un sistema que los guíe, los forme y les dé herramientas para no volver a cometer errores, protegiendo así su desarrollo y su futuro.
En colaboración con Michel Garnica.
