Para acceder a vivir en una Ciudad Segura, como un derecho de sus pobladores, es menester reconocer que, antes de cualquier consideración sobre cómo se puede o debe vivir mejor en una ciudad, lo primero es revisar su organización, su estructura y su manera de aprovechar los recursos que la naturaleza tiene dispuestos dentro de sus confines para su propio beneficio.
Para tal efecto, en México nos hemos dado un marco legal muy robusto, suficiente y plenamente detallado para que a tod@s los propietari@s inmobiliarios y de la tierra se les permita, y estos permitan a otros “sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual (...) el derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros”, así lo mandata el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU).
En tal contexto, los límites y alcances de la ocupación, goce y aprovechamiento del territorio están claramente definidos y regulados por la citada ley y sus lineamientos secundarios y complementarios. En consecuencia, para acceder a una Ciudad Segura, además de dar vida al precepto anterior, ésta debe estar organizada a partir del Ordenamiento Territorial dispuesto en la Fracción XXVI del Artículo 3 de la misma ley, que lo define como “una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental”.
Dicha “ocupación y utilización racional del territorio” deberá obedecer a un principio fundamental: el interés público, el cual prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; es decir, que todos los ciudadanos tendrán derecho a la propiedad urbana, el cual estará garantizado por el Estado, quien además custodia las responsabilidades que estos tienen con la sociedad, en términos de los derechos de unos y otros y sus límites, de tal suerte que todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población tengan “acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia”, como lo señala el Artículo 4, Fracción I, de la multicitada ley.
Se ha trascendido el primer cuarto del Siglo XXI y se tiene como telón de fondo el cambio climático, el calentamiento global y las condiciones cada vez más amenazantes de riesgo de desastre en zonas plenamente identificadas. No hay manera de ocultarlo, pues se viven a diario sus manifestaciones y efectos. Vivir en una Ciudad Segura pasa por impedir que sigan siendo letra muerta las causas de utilidad pública por las cuales el Estado —los tres niveles de gobierno— puede y debe intervenir para evitar que se vulnere una y otra vez el multicitado derecho.
Delimitar zonas de riesgo, establecer polígonos de protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas es de utilidad pública; asimismo, intervenir para la atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y fenómenos naturales, la preservación y restauración ecológica y la protección del ambiente en los Centros de Población también lo son. El Artículo 6 de la LGAHOTDU establece que “son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los planes o programas de Desarrollo Urbano”.
¿Qué falta para poner en marcha lo que dice la ley? ¿Tenemos que esperar a que los cambios sean impuestos abruptamente por la fuerza de la naturaleza o por la imprudencia y voracidad humana? La vulneración del estado de derecho y la indiferencia social ante el abuso de los poderosos seguirán siendo el pan de cada día, hasta que se acabe el pan. Esto es protección civil. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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