La escena se repite, y las imágenes de las madres buscadoras que con sus propias manos remueven la tierra y desafían las condiciones climáticas, estremecen a cualquiera. La desesperación de muchas familias por encontrar a sus seres queridos podría terminar aquí. Esta vez fue en la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, en los márgenes de Chalco y Tláhuac, donde encontraron 219 restos humanos. En ese número de hogares podrán encontrar por fin la paz.
Doscientos diecinueve. La cifra es brutal, y es difícil concebir que con cada fragmento de hueso humano, familias enteras terminarán esa búsqueda incansable que les carcomía el alma. Porque detrás hay una historia de sufrimiento y dolor por la pérdida, quién sabe de cuántos años atrás y que nunca ha dejado de doler. Quizá hasta una familia rota.
Fueron ellas. Como tantas veces, las madres, los colectivos, las familias, guiadas por la intuición, por denuncias anónimas o por la desesperación, quienes dieron con el lugar, quienes llegaron a ese espacio donde quizá encontrarán a los suyos. O no. Pero que darán parte a familiares de quienes estén ahí. Ellas hicieron el trabajo de investigación. Con picos, palas y varillas, en condiciones que impiden el uso de maquinaria, dejaron ver que la búsqueda en México depende más del amor, porque fuera de eso, nadie realmente se preocupa.
Pero este hallazgo no puede quedarse así. Este es un momento de horror para muchos y de esperanza para otros. Pero hay una pregunta inevitable, y es que ¿desde cuándo se utilizaba ese predio para ocultar cadáveres? Porque un sitio con tal número de restos no fue de la noche a la mañana. Es el resultado de años —quizá décadas— de operación sistemática, de desapariciones encadenadas, de impunidad.
Y esa pregunta conduce a otra: ¿quiénes gobernaban entonces? ¿Qué autoridades municipales, estatales o federales estaban en funciones mientras ese lugar se convertía en una fosa clandestina? Pensar que nadie sabía es ingenuo. Más bien, lo que asoma es la posibilidad de una red de corrupción, omisiones deliberadas o complicidades que permitieron que ese espacio existiera y operara sin ser tocado.
Hoy, es cierto, hay coordinación institucional y tratan de apoyar después de que las madres buscadoras siguen levantando la voz. Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, fiscalías, fuerzas federales, drones, binomios caninos. Todo eso ocurre ahora. Pero también nos preguntamos por qué llega después de que ellas encuentran el sitio. La magnitud de la tragedia es inconcebible.
El siguiente paso es urgente y delicado: la identificación de los restos. No se trata de cifras ni de informes técnicos. Se trata de darles nombre y dignidad a esas 219 personas. Cada parte debe ser analizada con rigor y cada coincidencia genética comunicada con rapidez y con respeto. Porque lo peor que puede pasar después del hallazgo es que las autoridades se queden calladas. Deben hacer lo más rápido posible su trabajo de reconocimiento.
Las madres buscadoras no piden milagros. Exigen verdad, justicia y memoria. Que se sepa quiénes fueron, quiénes permitieron que esto ocurriera y quiénes deben responder por ello. Porque esos restos son hijos, hijas, padres, madres, no solo evidencia del horror. Porque mientras no tengan un nombre, no se habrá terminado.
