Un mundo ideal en donde todos colaboran por el bien común; donde se tenga oportunidad de participar en la mejora de nuestras condiciones de vida y vivir mejor. ¿Quién podría convocar a un proyecto así? ¿Quién se atreve a impulsar propuestas que incluyan a todos los sectores en beneficio de la propia comunidad a la que se pertenece?
Parece una broma, un lugar común en la mercadotecnia (para venderte algo) y un recurso gastado de la propaganda política (para pedir tu voto o justificar políticas públicas). Sin embargo, la situación actual de las ciudades y de otras comunidades menos complejas y organizadas es crítica en términos de seguridad y protección civil; en acceso a servicios básicos como vivienda, salud, alimentación, agua y transporte; y están afectadas por la impunidad, corrupción, pobreza y desigualdad.

Vivir en un régimen democrático, de amplias libertades, donde los derechos humanos son observados en todo momento, ¿qué significa que ahora se pretenda incorporar un nuevo derecho? El derecho a una ciudad segura. Demagogia pura, quizá. ¿Cómo se custodia un derecho como este? ¿Cuáles son sus preceptos, sus bases y sus elementos de conformidad? ¿Cómo le hacemos para saber qué tan cubierto está ese derecho?
La ONU, poco antes de convertirse en un completo fracaso del multilateralismo y una vergüenza ante la paz mundial, a través del proyecto Hábitat, por un mejor futuro urbano, se refirió al Derecho a la Ciudad como un ejercicio colectivo que considera “habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”. Suena bien.
No obstante, para que sean tangibles las condiciones de una ciudad segura y estas puedan ser exigibles en su cumplimiento y disfrutadas por sus habitantes, es necesario identificar algunas categorías imprescindibles que anteceden a ese supuesto derecho al que aspiramos todos, y que este pueda ser asequible y sus beneficios cuantificables. Luego entonces, es susceptible de ser incluido en el marco normativo de la localidad y, por qué no, de toda una entidad.
Esos ámbitos en los que se puede medir y gestionar la seguridad, bienestar y protección de los ciudadanos son básicamente seis: 1) Ordenamiento Territorial; 2) Gestión Hídrica y Ambiental; 3) Desarrollo Económico Sustentable; 4) Gobernanza del Riesgo; 5) Gobierno Digital y Gerencia Pública; 6) Salud Pública. Estas seis categorías, puestas en marcha de manera transversal, con vasos comunicantes sólidos entre sí, pueden garantizar el acceso a una sociedad resiliente y justa, siempre y cuando la operación de estos ámbitos se desarrolle con probidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas.

La progresividad y protección de los espacios públicos, la accesibilidad universal, la movilidad multimodal y la segmentación horaria y espacial del tránsito reordenarán, sin duda, la saturación de las vías de comunicación; el respeto del uso de suelo y la sustentabilidad ambiental como principios irrenunciables frente a nuevos desarrollos inmobiliarios, industriales y complejos comerciales garantizarán mejores condiciones de vida de la población aledaña y se podrán diferenciar con claridad los corredores industriales y comerciales de los espacios residenciales, y volver a vivir lejos del riesgo injustificable de la transgresión de los espacios sin cemento.
El ordenamiento territorial es la base del bienestar, del desarrollo sostenible y de la justicia social. Es como volver al origen de las ciudades y replantear la vida citadina, la rural y las zonas de transición. La planeación urbana y la gobernanza metropolitana pueden ser una realidad en la actualidad; sólo se necesita reducir y controlar la voracidad y devastación capitalista y la generación irracional de excedentes por encima de la dignidad humana; compartir infraestructura, servicios y responsabilidades para la gestión del territorio entre municipios puede ser otra realidad. Solo falta voluntad política, apertura de miras, combate a la corrupción y ganas de volver a vivir en una verdadera comunidad. Esto es protección civil. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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