Reapareció ante el respetable el muy discreto Secretario de Gobernación. Lo hizo en una extensa conferencia de prensa en la que anunció, como si fuera el titular de la PGR, la detención de ciertos miembros de una organización presuntamente dedicada, aseveró, al tráfico de enervantes y actividades colaterales. Alfonso Navarrete Prida se vio seguro y firme, y se explayó como un conocedor de los menesteres penales, que como sabemos lo es.
Con el Presidente de la República, son los responsables del tema de la inseguridad-por supuesto que otros funcionarios comparten ese honor, pero ellos están en la cúspide de ese rubro-, y de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del uno de diciembre del 2012 al 31 de marzo del 2018, se han abierto 105, 322 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en la administración anterior se denunciaron 103, 537. Es decir, los números del calderonato han sido superados.
Queda claro, además, que Miguel Ángel Osorio fue por casi cinco años quien instrumentó muchas de las medidas para encarar ese lastre, que todo indica, en doce años se afincó en el país, sin que se vislumbre una solución a corto plazo.
¿Le suenan estos nombres: Aeroméxico, Coppel, Kimberly Clark, Vasconia, Herdez, Palacio de Hierro, Grupo México? Bueno, resulta que se supo que presionan a sus trabajadores elegantemente, y hasta de manera soez, para que no voten por Andrés Manuel López Obrador...y la estrategia de guerra sucia a gran escala apenas empieza.
A los empleados de el galardonado con la medalla Belisario Domínguez, Alberto Bailleres, se les advirtió: "es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que permite emplearlos". La Ley General en Materia de Delitos Electorales señala en el artículo 7, que se impondrán de 50 a 100 días de multa, y prisión de 6 meses a 3 años, a quien por cualquier medio provoque temor o intimide al electorado. Suponemos que se ideó esta norma para proteger la libertad del sufragio.
Los señores del dinero dicen que actuaron en pleno ejercicio de la libertad de expresión, y de inmediato, al interior del INE, se compartió su opinión. Desde luego, poco se espera de la Fiscalía en materia de delitos electorales, que se ha mostrado como un elefante blanco más en el enmarañado organigrama de la administración pública.
CONTRAPORTADA: Miguel Ángel Yunes Linares en su afán de heredar la gubernatura a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, ha anunciado, al través de la Fiscalía del Estado de Veracruz, que un juez de control emitió una orden de aprehensión para Karime Macías Tubilla, quien compartió parte de su vida con el señor Javier Duarte de Ochoa, por el momento despojado de si libertad. Se le acusa de cometer actos que implicarían un supuesto daño patrimonial al DIF de Veracruz hasta por 120 millones de pesos. ¿Argucia electoral? Muchos así lo piensan; otros externan su desagrado por la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, como en Guerrero en el caso de Nestora Salgado. Lo cierto es que hay un nerviosismo extremo porque el candidato de MORENA para ocupar la silla principal del Palacio de Gobierno de Xalapa, ha subido como la espuma: en la última encuesta confiable prácticamente ha empatado al vástago del actual gobernador...¡Uff!
A propósito de Nestora Salgado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero el pasado 22 de mayo impugnó seis autos de libertad a favor de la actual candidata al Senado por Morena, después de dos años de emitidos. ¿Se usa o no a los jueces para fines perversos? Por lo pronto, un juzgado federal desechó la demanda por daño moral que la aspirante al senado promovió en contra de José Antonio Meade, quien en un intento desesperado por echar marcha atrás a las imputaciones que le hizo de costa a costa y de frontera a frontera, ha dicho que el problema no es con ella sino con un tal Andrés. En el fuero común se dilucidará si existe responsabilidad del candidato del PRI a la Presidencia de la República que no es priísta.
Cuando Usted lea esta colaboración, ¿se habrá devaluado más el peso? Al momento de concluirla, el dólar se vendía en 20.30 pesos en promedio.
