Para poner este tema en clara referencia, menciono que dentro del Plan de austeridad y combate a la corrupción, propuesto por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considera –en su punto 29– una disminución de 50 por ciento en el gasto de comunicación social.
De ser así, el presupuesto aprobado para este rubro en 2019 sería de 2 mil millones de pesos, pero hasta qué punto esta reducción resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial.
Aquí algo queda claro y es que los más castigados serán los medios emergentes, los medios regionales y los medios que no son amigos del proyecto AMLO-Morena.
Por ello es fundamental que se disponga de criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios.
En este sentido, ya hay algunas voces en el espectro social que exhortan al próximo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio de recursos en el rubro de difusión, como actualmente ocurre en casi todos los niveles de gobierno, implementando a cabalidad topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo.
Otro de los puntos, sobre este mismo terreno de los medios, es el que propone la centralización del gasto en comunicación social en el gobierno federal.
López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias; el único vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.
Es aquí donde se observa lo peligroso en dos vías, la limitación de contenidos, ya que por muy robusta que sea la oficina de prensa de la presidencia, su prioridad será el Presidente y marginará las actividades de otras secretarías, lo que impactará negativamente en audiencias muy específicas, como los campesinos y productores, de la Sagarpa, los contribuyentes, para el SAT, hoteleros y restauranteros, para Turismo, etc.
Los contenidos podrían caer en la falta de especificidad.
El otro peligro de esta medida es que puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.
Sin duda, es necesario se proponga un debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial. La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. Veremos si gana la austeridad o la censura.
Total, amenazas de bloquear a ciertos medios a partir de 2019 ya fueron lanzadas.
