El gobierno saliente de Enrique Peña Nieto anunció la víspera que durante su gestión se creó el mayor número de empleos en la última década, con un total de 3.7 millones de plazas, presuntamente el doble de lo que su antecesor Felipe Calderón logró. Aparentemente es una buena herencia para el nuevo gobierno que encabezará el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, pero una mirada más a fondo nos reflejará que el desempleo en México es uno de los más elevados entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y que los empleos generados suelen ser de ínfima calidad.
De acuerdo con el reporte de julio pasado de la OCDE, denominado Employment Outlook 2018-México, el panorama laboral en nuestro país deja mucho que desear, no sólo porque la tasa de crecimiento anual de los salarios reales (por hora) “decepciona” y se mantiene baja, también por la decreciente participación de la fuerza de trabajo en el mercado, especialmente de los jóvenes y los trabajadores de mayor edad, aunado al crecimiento de los empleos informales en el país.
Sobre este punto, ese organismo destaca que el desempleo en México aparentemente disminuyó porque existe una “alta incidencia de empleo informal: más de la mitad de los empleados y trabajadores por cuenta propia están empleados informalmente”.
La OCDE recomienda entonces una reforma que haga más atractivo el empleo formal (el seguro del desempleo) y establecer políticas que “aborden las barreras que las personas enfrentan para acceder a empleos de salarios más altos y de mejor calidad y que reduzcan las desigualdades en el mercado laboral”.
Hasta el momento, el presidente electo ya acordó con el sector empresarial del país un programa de becas a jóvenes para laborar en las empresas, con pagos de hasta 3 mil 600 pesos mensuales con cargo al gobierno federal.
Evidentemente esta medida no cumple con la recomendación de la OCDE de lograr que la población acceda a empleos formales con salarios que superen lo que llama “el índice de la pobreza” y de mejor calidad, es decir, con prestaciones sociales, como el acceso a la seguridad social y jornadas laborales de ocho horas, al menos.
Este es justamente uno de los importantes retos que, además de las relaciones con los sindicatos corporativos (Petróleos Mexicanos, CFE, CMT, CROC y otros), enfrentará la nueva titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, una joven de 31 años, que tiene tras de sí el expertise y apoyo de sus padres, el reconocido abogado laborista, Arturo Alcalde, y la ex titular de la Contraloría del DF durante la gestión de AMLO y secretaria general de Morena, Bertha Luján Urganga, especializada en derecho laboral y sindicalismo.
La próxima responsable de la política laboral del país, con estudios de maestría en la Universidad de Berkeley, ha afirmado en sus apariciones públicas que los jóvenes deben ser los responsables del cambio en el país, y justo ella tendrá frente a sí el reto de construir alternativas para reducir el modelo de contratación más deplorable del país que ha avanzado a pasos agigantados tras las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el sexenio de Felipe Calderón: el outsourcing o subcontratación de empleados, generalmente jóvenes a quienes ofrecen bajos salarios y prestaciones de ley ínfimas e inclusive en algunos casos sin éstas.
A pesar de ser una de las tendencias que prevalece en el mercado laboral mexicano, y de ser criticado fuertemente en diversos foros sindicalistas y de análisis por su padre, Arturo Alcalde, la futura titular de la STPS declaró apenas hace unas semanas a El Economista que no se acabará con ese modelo, sino sólo se contratará a inspectores del trabajo para verificar que no se cometan abusos en la subcontratación. Según ese diario, dijo textualmente: “No se trata de eliminarla (la subcontratación). Es una figura que se puede comparar con el colesterol: hay bueno y hay malo”.
En 2012, con la reforma de Calderón, se impusieron diversos candados para limitar la subcontratación, peso a ello ha crecido y se ha expandido ha prácticamente todos los ámbitos, incluso en empresas que se dicen progresistas y avanzadas, una de ellas para las cuales colabora con sus columnas de manera regular el laborista Arturo Alcalde, y donde después de una lucha sindical se borraron prestaciones de ley que tenían más de 30 años, desaparecieron prestaciones y con ello el salario, e incluso -de hecho, no de derecho-, el Contrato Colectivo de Trabajo, además de la cauda de despidos injustificados que trajo consigo el no aceptar las nuevas condiciones.
Ese es un caso representativo entre cientos de miles que cada día enfrentan los trabajadores, muchos de ellos víctimas de sindicatos blancos que se encuentran al servicio de las empresas; de salarios que no rebasan los índices de pobreza; de despidos injustificados, y de empleos donde -de acuerdo con la OCDE- los indicadores de calidad del trabajo e inclusividad “no muestran una tendencia clara” que permitan reducir las desigualdades en el mercado laboral.
Todavía falta que los nuevos responsables de las diversas dependencias gubernamentales ocupen sus cargos y definan las políticas a seguir para evitar que la pobreza detenga su ritmo de crecimiento, principalmente en materia laboral. Sin embargo, suena preocupante que como el colestero, se pretenda sólo controlar la subcontratación.
La cuestión aquí es si será posible cuando la justicia laboral no ha aplicado en este país. ¿Habrá justicia laboral en el siguiente sexenio? Al tiempo.
