Mientras los 500 legisladores de la Cámara de Diputados defienden denodadamente el monto de aguinaldo y “apoyos” que este fin de año recibirán como parte de sus gratificaciones decembrinas - 209 mil pesos para cada legislador-, el sistema de salud muestra graves deficiencias en el territorio nacional, con las consecuentes repercusiones para los mexicanos que gozan de seguridad social, y no se diga lo que padece más de la tercera parte de la población mexicana -alrededor de 46 millones de niños, adultos y ancianos, aunque la cifra podría ser mucho mayor- que carece de cualquier tipo de atención social y viven en pobreza.
A pesar de la tan pregonada austeridad republicana que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha prometido durante su gestión, y que los legisladores de Morena y de otros partidos dicen cumplirán a pie juntillas, el viernes pasado los diputados se encontraban más preocupados por sus gratificaciones de fin de año que por la agenda legislativa y los grandes problemas nacionales.
Dirán que todo en su momento, pero apenas ingresaron a Palacio Legislativo -el uno de septiembre pasado- y ya aprobaron, como si se tratase de una prioridad, el tabulador para que cada diputado reciba su compensación de fin de año, entre otros “apoyos”.
Desde el 25 de septiembre, el comité de administración -encargado de aprobar el uso y destino de los recursos económicos en San Lázaro- avaló para cada diputado el pago de su dieta por 74 mil 672 pesos (la dieta bruta de un legislador es de 105 mil 378 pesos) y el monto de su aguinaldo por 46 mil 834 pesos, correspondiente a sólo cuatro meses de arduo trabajo.
Además, dicho comité aprobó la entrega de 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa”; de 12 mil 787 pesos por “atención ciudadana y apoyo de fin de año” -parte proporcional de cuatro meses de intenso trabajo-, y 28 mil 772 pesos para “atención legislativa”.
Independientemente de que los diputados tendrán que dar a conocer los ajustes que en los próximos meses harán en gastos para el funcionamiento de la Cámara baja -erogaciones que involucran gastos en comisiones, asesorías, investigaciones, trabajadores free lance y otros conceptos-, sería importante que se concentraran en temas más serios que pronto, muy pronto, serán una bomba de tiempo, como es el caso del sector salud del país y cuya demanda seguramente aumentará con la desaparición del pago del seguro de gastos médicos mayores para alrededor de dos millones trabajadores del Estado y que, ahora sí, no recibirán atención médica fifi, sino ISSSTE para todos, pese a las graves limitaciones del sector salud.
Llama la atención porque apenas hace unos días el próximo titular de esa institución, Antonio Ramírez Pineda, advirtió que recibirá un ISSSTE con un pasivo superior a los 11 mil millones de pesos, y por lo tanto se tendrá que hacer “más con el mismo presupuesto”, según prevé y realmente suena catastrófico.
Es una verdad de perogrullo -porque a la mayoría de mexicanos nos ha sucedido- que los servicios de salud están en condiciones por demás lamentables. Nada más observemos los acontecimientos recientes, el paro de labores que lleva semanas en el sector salud de Tabasco -y que ha sufrido durante meses la falta de servicios en varias regiones-, donde autoridades y trabajadores establecieron una tregua en espera de que estos últimos reciban el pago pendiente de sus emolumentos. O las protestas de derechohabientes del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, que decidieron bloquear las calles aledañas a hospitales para protestar por la falta de insumos médicos, de quirófanos y de personal médico y administrativo; hasta la falta de limpieza cuestionaron porque en los hospitales pulalan las moscas, la suciedad y los malos olores.
En los nosocomios de la mayor parte del país se viven situaciones similares. Los ciudadanos de a pie tenemos que armarnos de paciencia infinita para en caso de una emergencia esperar más de seis horas para poder acceder a la atención médica; hacer largas filas durante horas para la entrega de un medicamento y, si no hay, tener que regresar posteriormente para obtener otra receta porque éstas dejan de tener valor después de 24 horas.
No se diga en los casos en que ni camas ni camastros hay disponibles para hospitalizarse, a pesar de la urgencia, e incluso esperar hasta más de tres meses para un estudio de gabinete o para acudir con un especialista. Ejemplos hay de sobra, como los partos en las calles, afuera de los hospitales, que dan cuenta de las condiciones del sector salud en las diversa regiones del país.
Diríamos que es el pan de cada día para quienes somos “privilegiados” por tener acceso al sector salud, a través de instituciones como el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y el Seguro Popular que utiliza la infraestructura médica de las anteriores instituciones sanitarias. ¿Qué podríamos decir de los más de 46 millones de mexicanos que conservadoramente contabiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos como excluidos del sector salud, pero que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ascienden a 62 millones de mexicanos?
Quizá los legisladores ya deberían de estar pensando en cómo resolver el entramado en este sector, porque si bien ha dicho AMLO que se aplicará una política preventiva en materia de salud y se utilizarán los hospitales recientemente construidos pero abandonados, lo cierto es que el destino ya nos alcanzó con dos fenómenos tan crecientes como letales: enfermedades como diabetes y coronarias, como una de las amenazas para el sector salud, y el proceso vertiginoso de envejecimiento de la población.
Un debate nacional en torno al sector salud, las pensiones y el destino de los recursos de las Afores (que se están invirtiendo en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no en infraestructura hospitalaria, investigación y medicina), es urgente.
