Una de las manifestaciones de la creciente violencia e impunidad que priva en México es la tendencia ascendente en el número de feminicidios en el país. Según la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU-México), cada 24 horas asesinan a siete mujeres en el país, y las formas en que las privan de la vida es cada vez más cruel, sin importarles si se trata de una niña, una adolescente o una mujer mayor.
A diferencia de los tipos de asesinatos en hombres, generalmente con armas de fuego o punzocortantes, en el caso del género la violencia feminicida se presenta tres veces más cruenta, tanto en espacios públicos como privados: ahorcamiento, estrangulamiento, ahogamiento, inmersión, sofocación, lapidación y hasta a martillazos.
Asimismo, el uso del fuego y de sustancias se utiliza dos veces más contra las mujeres que contra los hombres, según documentó la ONU-México.
Además del feminicidio, habría que contabilizar también a las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) que se han reportado como desaparecidas y cuyo número lamentablemente crece ante la indiferencia de las autoridades.
Asociaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), conformado por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la República mexicana y la Ciudad de México, han señalado que los asesinatos de género y desapariciones han ido en aumento porque las autoridades son omisas en las investigaciones, así como en la preservación de la escena del crimen o en la cadena de custodia.
Inclusive, han establecido que muchos de los feminicidios, particularmente de niñas y adolescentes, ni siquiera son catalogados como tales por las autoridades del país que prefieren hacer caso omiso a las advertencias de las asociaciones civiles cuando éstas demandan que se aplique la Alerta de Género, a fin de que se establezcan medidas de protección para el género.
La OCNF ha documentado cuando menos 9 mil 291 asesinatos de mujeres, de 2007 a 2018, y 9 mil 327 mujeres desaparecidas.
Cuando el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador inició su campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que lo hacía precisamente por ser una entidad icónica sobre la forma en que se han multiplicado los asesinatos en contra del género y de los jóvenes del país.
Lamentablemente, los feminicidios y desapariciones en esa entidad -entre 1993 y 2003, conocidos como Campo Algodonero-, se han expandido a todo el territorio mexicano con casos tan dramáticos como numerosos y salvajes.
Ejemplo de ello son los registros en las entidades del llamado “triángulo rojo”: Estado de México -una de las de mayor letalidad de género, superando incluso a Ciudad Juárez-, Guanajuato y Puebla, que se caracterizan por el robo de hidrocarburos, pero el fenómeno también ha ido en ascenso en estados como Guerrero, Morelos, Zacatecas, Baja California, Colima, incluyendo la Ciudad de México, entre otros.
Aunque López Obrador ha mencionado que el modelo neoliberal y la lucha contra el narcotráfico son los causantes de la espiral de violencia que vive el país, hasta el momento no se ha pronunciado sobre los asesinatos de género y su desaparición, salvo la declaración que hiciera en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde hizo un llamado al perdón a las madres de hijas e hijos desaparecidos y asesinados.
Tampoco ha planteado una política de Estado en materia de seguridad que incluya esta problemática, ni explicado la forma en que se le hará frente, pese a que se ha pronunciado por la igualdad de género, la cual está muy lejana de alcanzarse en el país.
Bien haría el presidente electo en dar a conocer las estrategias que implementará durante su gestión para combatir este flagelo in crescendo, agudizado desde el inicio de la lucha contra el narcotráfico que ha auspiciado también la trata de personas y las desapariciones forzadas.
La ONU ya ha exhortado al gobierno de México a adoptar medidas urgentes contra el feminicidio, sin que hasta el momento haya una respuesta que involucre políticas públicas que garanticen el disfrute de los derechos de las mujeres, incluyendo a las indígenas y afromexicanas, las más excluidas de entre los marginados del país.
