De los presidentes más impopulares en los últimos años, Enrique Peña Nieto nos deja otro legado oprobioso: el intento de privatizar el agua por la puerta trasera, atentando contra un derecho humano (reconocido como tal por la Organización de los Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010), y particularmente en perjuicio de los pueblos originarios del país y los mexicanos en su conjunto.
Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó este lunes posponer por seis meses la operación de su plataforma digital para que los particulares soliciten concesiones y asignaciones de aguas nacionales superficiales y subterráneas, siguen vigentes los 10 decretos de “reserva” de agua que suscribió Peña Nieto, el 6 de junio pasado, cuando la población se encontraba más ocupada en el Mundial Rusia 2018 y en la justa electoral para la presidencia de la República.
Fue en ocasión de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que Peña Nieto firmó los referidos decretos con los que eliminó la veda (prohibición de explotación del agua) en 300 cuencas hidrológicas del país, equivalentes al 55 por ciento de las aguas de lagos y ríos nacionales, sin que se cumpliera con lo que establece la Ley Nacional de Aguas en el sentido de que antes tendría que haberse publicado un estudio técnico que efectivamente justificara los motivos de tal decisión, además de una consulta a los pueblos originarios del país.
El “regalito” de Peña Nieto a las grandes trasnacionales -mineras, inmobiliarias, petroleras, armadoras, cerveceras y otras, tanto nacionales como extranjeras-, se envolvió en eufemismos para dejar poco claros los artificios usados en su gestión para privatizar volúmenes impresionantes del vital líquido.
Especialistas del Colegio de Biólogos de México y de otras instituciones, integrantes de agrupaciones no gubernamentales y comunidades de los pueblos originarios han desvelado el fondo de dichos decretos que buscan entregar los recursos hídricos del país a manos privadas.
No bastó a Peña Nieto dejar una crisis generalizada en materia de seguridad nacional y entregar el sector energético a intereses privados, sino que ahora por la vía de la “reserva” se busca dejar el 64 por ciento de los caudales de agua del país a trasnacionales y empresas mexicanas.
Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario y consultor en el uso de agua, ha advertido que curiosamente de las 10 grandes cuencas liberadas, seis de ellas se encuentran en el mapeo de las reservas naturales de hidrocarburos y gas natural. Advierte además que 64 por ciento de la cantidad de agua liberada en los decretos iría a dar a concesionarios que realizan actividades altamente contaminantes, como es el caso del fracking para la obtención de gas natural, las empresas mineras, cerveceras y otras.
Por su lado, el Colegio de Biólogos de México, en el “Análisis de los 10 decretos de reservas de agua, emitidos por el Ejecutivo Federal (Peña Nieto) el pasado 6 de junio, detalla cómo es que tales decretos tienen sus antecedentes en otras acciones realizadas para avalar la privatización de los recursos hídricos del país.
Se refiere en específico a la firma de un documento publicado el 7 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual la Conagua emitió un acuerdo para “actualizar” la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de 37 regiones de hidrológicas en que se encuentra dividido el territorio.
Ahora le sigue la decisión de Peña Nieto que no responde realmente a una política de gestión integral del vital líquido, asegura el Colegio de Biólogos de México, sino a un “escenario potencial de privatización en el que por lo menos el 45 por ciento del agua de los ríos, correspondiente al 85 por ciento de las regiones hidrológicas de toda la República, pueden ser concesionadas a empresas o grupos de empresas para la construcción y operación de la infraestructura de trasvases, y que de manera automática tendrían los derechos del uso del agua implicada” en los decretos.
Los decretos referidos, según el Colegio, dejan menos del dos por ciento para el uso público del agua, el 52 por ciento para reservas “de carácter ecológico” y un 45 por ciento de agua (alrededor de 121 mil millones de metros cúbicos disponibles), disponibles al año, para uso privado.
Dicha política suscrita por Peña no es un hecho aislado. Durante el sexenio de Vicente Fox se generó una fuerte polémica por la denominada Ley de Aguas de Korenfeld, que pretendía dejar en manos de privados la concesión de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales (como ya sucede en algunas ciudades, como Puebla); sobreexplotar cuencas y acuíferos, y despojar a los pueblos indígenas y campesinos para dar el agua a grandes corporaciones por 30 años, con la posibilidad de refrendar otros 30 años. En suma, 60 años de concesión que permite la Ley de Aguas Nacionales vigente, entre otras acciones ilegítimas.
Por fortuna, las grandes movilizaciones nacionales no permitieron que Fox entregara los volúmenes del Cutzamala a las empresas de Carlos Slim, de Carlos Hank Rhon (del grupo Hermes), y de Alberto Bailleres González (Grupo Bal), el segundo hombre más rico de México.
Sin embargo, los grupos de interés persisten en lograr sus objetivos bajo otros modelos, y aunque por el momento Conagua determinó suspender durante un semestre la entrada en vigor de su sistema digital de concesiones, urgen acciones desde el Congreso de la Unión para detener este despojo que ya genera fenómenos de descontento social de gran envergadura.
Un ejemplo lo ilustra el Valle de Mexicali, Baja California, donde los pobladores, aglutinados en el movimiento popular “Mexicali resiste”, emprendieron una lucha en julio pasado contra la empresa cervecera Constellation Brands, “por su obstinación de despojar el agua de nuestros pobladores para convertirla en cerveza y exportarla a Estados Unidos”.
Sin duda, la discusión sobre la privatización del agua continúa vigente. Es tiempo de que los morenistas, bajo la coordinación de Mario Delgado, cumplan con su ofrecimiento de garantizar, a través del gobierno de López Obrador, una política de protección y adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos del país.
Ello implica revisar y echar atrás los 10 decretos emitidos por Peña Nieto (baste recordar que prometió bajar el costo de las gasolinas y de la energía eléctrica para sacar adelante su reforma al sector energético, y obtuvimos lo contrario), y también adecuar la Ley Nacional de Aguas para asegurar el derecho humano al agua para una vida digna.
