Toluca/Estado de México
Carencia de documentación comprobatoria de recursos asignados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y Puebla, para la atención de desastres naturales que sufrieron luego de los sismos del 2017, es solo una de las observaciones que se presenta dentro del tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregado a la Cámara federal.
Es importante indicar que dentro de la información derivada de esta tercera auditoría, fueron presentados los resultados de la fiscalización del proceso de reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos de septiembre del 2017.
En el apartado “otros recursos”, se indica que de las revisiones realizadas tras distintas auditorías se detectó que fueron ministrados –a través de seis organismos dispersores de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla- poco más de 133 millones de pesos, que servirían para el apoyo a personas morales estratificadas como Pequeñas, Medianas Empresas y Clústers, (grupo de empresas e instituciones de apoyo relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector, concentradas en un territorio).
No obstante tras una revisión, se dio a conocer que carecíeron de documentación comprobatoria de recursos asignados a diversas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y Puebla, aun y cuando dichos recursos servirían para la atención de desastres naturales que sufrieron.
También se indicó que la Secretaría federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pagó 37 millones de pesos por la verificación de acciones de autoconstrucción de vivienda a realizarse en los estados Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, sin proporcionar el total de los entregables previstos para justificar el gasto.
“Los hallazgos de las cuatro auditorías demostraron que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de esos recursos, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil”, refiere el documento.
También indica que con estas acciones de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación ha atendido la solicitud de la Cámara de Diputados respecto de la fiscalización de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y del “Fondo Nacional de Desastres Naturales” que fueron destinados para la reconstrucción y atención de damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 19 de septiembre de 2018.
DATOS
De conformidad con el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” y los “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales”, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), publicó en el Diario Oficial de la Federación 11 declaratorias de desastre natural para nueve entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México) que afectó a 683 municipios y 16 delegaciones políticas (actualmente demarcaciones territoriales) por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. En el caso de la entidad mexiquense suman 12 municipios declarados.
Cabe mencionar que el 19 de septiembre de 2018, la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo , Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México; en el ámbito de sus competencias garanticen la adecuada fiscalización y total transparencia de los recursos del Presupuesto de Egreso de la Federación y del “Fondo Nacional de Desastres Naturales” que fueron destinados para el mismo objeto.
