Toluca/Estado de México
En comisiones los diputados aprobaron reformar diversos artículos de la Constitución Política para pasar de Órgano Superior de Fiscalización a Auditoría Superior del Estado de México, como organismo autónomo que se encargaría de fiscalizar fondos, recursos estatales, deuda pública del Estado y municipios.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Tanech Sánchez Ángeles, dio a conocer que el nuevo organismo está dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Es así que dijo que habrá una armonización en relación al lenguaje incluyente en toda la constitución y todos los documentos que rigen el marco jurídico del estado.
Dijo que el titular duraría ocho años y podría ser nombrado nuevamente por una sola vez, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura.
En lo que tiene que ver con la planeación de auditorías, el organismo podrá solicitar y revisar de manera casuística, ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión.
En tanto que cualquier ciudadano, podría formular denuncia ante la Auditoría.
Asimismo, derivado de sus revisiones, podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la imposición de sanciones que correspondan a las y los servidores públicos estatales, municipales y a los particulares.
El dictamen considera que una vez aprobada y publicada la reforma en la Gaceta de Gobierno, se establecería un plazo de 180 días hábiles para que se modifiquen todas las leyes y ordenamientos de igual o menor jerarquía.
Valentín González Bautista agregó que esto da poder a los ciudadanos para que presenten quejas, denuncias y soliciten auditorías a sus autoridades, por irregularidades de mal manejo de recursos y corrupción.
“En la reforma se plasma una aspiración de los ciudadanos que de manera permanente han estado preocupados, expresando exigencias y reclamos para que la aplicación y manejo de los recursos se efectúen de la manera más honesta y transparente para su beneficio”.
