Toluca
La Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de México cuenta con 10 millones 348 mil 116 registros; es decir, documentos a los que cualquier persona puede acceder, desde cualquier parte del mundo.
Así lo dio a conocer José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Instituto de Información del Estado de México (INFOEM), al afirmar que la ciudadanía debe usar más información pública para vigilar la actuación de los gobiernos.
Indicó que es necesario que un mayor número de ciudadanos utilicen la información pública que las autoridades están legalmente obligadas a difundir en sus respectivos portales de transparencia.
Aseveró que de esta manera pueden convertirse en verdaderos contralores que vigilen el desempeño de las autoridades.
Agregó que todas las personas tienen derecho a conocer la información generada, poseída y administrada por los entes públicos, en el desarrollo de sus facultades, competencias y funciones, en virtud de que éstas deben asentarse en documentos que, de origen, se revisten de carácter público.
Dijo que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no sólo involucra requerir dicha documentación a las autoridades, sino asegurarse de que aquélla que se entregue a los solicitantes sea verídica, comprensible y útil.
"El ciudadano se convierte en el actor principal para asegurar una rendición de cuentas eficaz por parte de las autoridades, puesto que tiene, en la transparencia y el acceso a la información pública, las herramientas necesarias para demandar, por ejemplo, datos sobre el destino de los recursos públicos”.
Al final agregó que en el Estado de México, existen 335 sujetos obligados a transparentar su información, para lo cual este órgano garante ha creado y puesto en funcionamiento el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), que permite a cualquier persona conocer documentos tan relevantes como la estructura orgánica, directorio y remuneración de los servidores públicos.
Asimismo los indicadores sobre objetivos y resultados; los viáticos asignados a los funcionarios; el desarrollo de las licitaciones públicas; los padrones de beneficiarios de distintos programas sociales y la información sobre subsidios, entre otros.
