Toluca/Estado de México
Después de responsabilizar a Morena por su falta de urgencia y necesidad de aprobar una Ley de Archivos en la entidad mexiquense, Omar Ortega, líder de la bancada del PRD, consideró que con dicha disposición, ninguna autoridad podría argumentar que no cuenta con la información ya que estarían obligados a documentar todo acto de autoridad derivado de sus funciones y hacer que esté disponible para su consulta.
Indicó que los sujetos obligados dejarían de pretextar que no tienen o no encuentran la información que los ciudadanos les solicitan.
“La importancia de que esta ley vea la luz en el Estado de México radica en que esta es una de las piezas indispensables para que funcione a cabalidad el Sistema Nacional Anticorrupción”.
El también integrante de la Junta de Coordinación Política agregó que se ha visto como muchas dependencias de gobierno al recibir una solicitud de información responden diciendo que no cuentan con ella.
Puso como ejemplo las dudas sobre un subregistro en cuanto al número de defunciones por Covid-19 para no causar pánico entre la población.
Sostuvo que al encubrir la realidad las personas están relajando las medidas de sana distancia y protección, por lo que con esta ley se podrá obligar a que las autoridades lleven registros escrupulosos, lo que impediría distorsionar la realidad, “así la gente se tomará más en serio la pandemia y se pondrá a salvo”.
Otro ejemplo, narró el perredista, es la negativa de atender la solicitud del propio Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) hacia la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense para transparentar la relación de beneficiarios de sus programas sociales.
“La tesis de este gobierno de que bastaría con que el presidente tuviera un comportamiento pulcro para acabar con la corrupción, pues todos los funcionarios seguirán su ejemplo, es equivocada y opuesta a la tesis que sostienen académicos y activistas en el sentido de que lo que se requiere en realidad son diseños institucionales innovadores de pesos y contrapesos que impidan que la impunidad sea la norma en el ejercicio del servicio público”.
Destacó que una gran dificultad para fincar responsabilidades es el hecho de que no se documentan adecuadamente cada uno de los actos de las autoridades, lo que dificulta acreditar con pruebas sólidas la responsabilidad dentro de un procedimiento que garantice derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
“No vemos que la mayoría que conforma Morena tenga intención o urgencia de aprobar esta reforma aunque como Legislatura estamos obligados a ello”.
Es importante recordar que el plazo que se estableció en el transitorio cuarto de la Ley General de Archivos vigente vence a los dos años de publicada la norma, o bien este 15 de junio de este año.
