Toluca
El contralor del Poder Legislativo mexiquense, Victorino Barrios Dávalos, indicó que los municipios que aumentaron su deuda violan la Ley de Ingresos al tener deudas que superan 40% de sus ingresos e incurren en daño a la hacienda pública.
Dijo que podrían tener una posible responsabilidad administrativa.
El funcionario legislativo informó que ha habido casos de alcaldes que incrementaron sus débitos antes de dejar el cargo.
"Aunque no actúan por ignorancia; sino con dolo, sus sucesores no los denuncian y por lo tanto esta dependencia no puede actuar de oficio".
Es importante precisar que con base en el informe del Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) de 2016, en su primer año de gobierno, los ayuntamientos aumentaron sus deudas en 3 mil millones de pesos y de 30 que violaban la ley en 2015, en 2016 ya eran 88.
Señaló que aunque el argumento sean contrataciones a corto plazo o reestructuraciones, los responsables incurren en una posible responsabilidad al no respetar la ley.
Barrios Dávalos puso en duda si en algunos casos los ayuntamientos realmente adquirieron compromisos a menos de tres años, por lo que sugirió que la Legislatura deberá estar al pendiente.
"Claro que hay responsabilidad, puede ser reestructuración, pero siempre se tuvo ese límite de no superar 40% y si lo hacen, deberán entonces enfrentarlo.
Aclaró que si se tratara de deudas a corto plazo ya se hubieran pagado e indicó que algunas son de los últimos ayuntamientos.
En el caso de las deudas a proveedores, el contralor aclaró que no les queda de otra que hacer un juicio ejecutivo, si bien le va, o un ordinario mercantil que va a durar años para poder cobrar.
"Quienes violan la ley y aumentaron la deuda pueden ser sancionados pero deben ser denunciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)"
Barrios Dávalos reconoció que hay cuestionamientos a los ayuntamientos, acerca de por qué no registran deudas, por qué no las cubren en sus periodos, pues a muchos proveedores que van y suministran bienes y servicios a los ayuntamientos en los últimos meses ya no les pagan. De seguir ese ritmo, las actuales administraciones podrían terminar con déficit.
