La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a 19 años de existencia, ha demostrado su competencia para proteger a la población contra riesgos provocados por el uso o consumo de bienes, servicios e insumos para la salud, razón por la que las diputadas federales del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Frinné Azuara Yarzábal, pidieron al Ejecutivo federal su compromiso para no desaparecer o reestructurarla y garantizar su autonomía administrativa, técnica y operativa.
Argumentaron que los logros alcanzados por esta dependencia federal, vinculada a la Secretaría de Salud, pueden consultarse en los informes publicados por la Comisión, la cual tiene reconocimiento mundial, ubican a México dentro de los 26 países a nivel internacional con altos estándares en materia de regulación sanitaria.
La solicitud presentada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión establece la urgencia del Gobierno federal para tomar acciones que fortalezcan el Sistema de Regulación Sanitaria del país y refuercen la autonomía y la estructura operativa de la Cofepris.
Herrera Anzaldo y Azuara Yarzábal resaltaron que la pandemia del coronavirus nos enseñó que, la atención de los riesgos sanitarios es un tema primordial y de preparación para futuros riesgos que puedan derivarse de otras emergencias sanitarias; “urge trabajar y afianzar la correcta implementación de políticas públicas del sector salud en nuestro país”, reiteraron.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es responsable de analizar y autorizar con autonomía técnica y administrativa, la operación de todos los laboratorios farmacéuticos, medicamentos, farmacias y consultorios, así como la actividad de al menos otras 15 industrias en el país, con un valor económico equivalente a casi el 10% del Producto Interno Bruto; incluso se puede afirmar que por cada peso que se gasta en los hogares mexicanos por productos adquiridos, 44 centavos corresponden a productos que fueron regulados por la Cofepris.
Destacan las certificaciones internacionales otorgadas por la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud, en el rubro de las vacunas y por buenas prácticas de medicamentos.
Las diputadas priistas hicieron notar que a partir de que asumió la presente Administración el gobierno, se registra un atraso de más de 22 mil 500 trámites, que no se han atendido, hecho que pone a México en riesgo de perder los estándares regulatorios certificados.
También con la pandemia se han ocasionado pérdidas económicas incalculables a la industria, así como un quiebre en las relaciones con el sector farmacéutico y falta de acceso a los medicamentos en momentos críticos para la salud de la población.