Toluca/Estado de México
Alberto Benabib Montero, titular del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó su informe de labores 2019-2020, a través del cual reconoció que existen 48 sistemas municipales anticorrupción.
Ante funcionarios estatales y vía zoom dijo que tan solo la Fiscalía de Combate a la Corrupción inició 4 mil 076 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia.
Asimismo, se registró una carpeta de investigación por delitos cometidos por particulares, 27 carpetas por hechos de corrupción que culminaron con sentencia condenatoria, tres con sentencia absolutoria, 253 carpetas sobre hechos corrupción judicializados, 142 por hechos de corrupción de delitos cometidos por servidores públicos y 3 mil 145 por hechos de corrupción en trámite.
Sobre el Poder Judicial se iniciaron 692 carpetas de investigación por hechos de corrupción; 44 sentencias penales y en el ámbito municipal tuvieron 679 auditorías de las que 516 fueron programadas.
“Estas cifras muestran el resultado de colaborar con la ciudadanía que interviene en la denuncia, lo mismo que en los juicios conforme al sistema acusatorio penal”.
Dio a conocer que en materia de fiscalización la Secretaría de la Contraloría programó mil 529 acciones y concluyó mil 107, en tanto que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) programó 172 auditorías y concluyó 100
En lo que respecta a los órganos internos de control, la Fiscalía de Justicia programó 26 auditorías y concluyó 15, en tanto que el Instituto de Transparencia programó 12, mismas que inició y concluyó. La Comisión de Derechos Humanos (CODHEM) programó 13 y concluyó ocho y de estas una con responsabilidad, en tanto que el Instituto Electoral mexiquense programó 19 y concluyó 16.
El Poder Legislativo programó e inició 27 y concluyó 21, en tanto que el Tribunal Electoral mexiquense programó siete y concluyó cinco.
Sobre procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por sus órganos internos de control, se alcanzaron los resultados siguientes: El Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) instauró 97 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los que 35 se encuentran en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa; cuatro en trámite ante órgano interno de control; 56 en trámite ante el mismo órgano fiscalizador; dos resueltos, por Tribunal de Justicia Administrativa y uno de procedimiento con sanciones firmes.
La Secretaría de la Contraloría suma 329 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados; 390 procedimientos que culminaron con sanción firme y 48 indemnizaciones cobradas.
Sobre procedimientos de responsabilidad administrativa de los órganos de control, la Fiscalía General de Justicia registró 437 procedimientos, 32 que culminaron con sanción firme; 396 faltas administrativas, cuatro faltas graves y 17 administrativas no graves.
El Poder Judicial registró 52 procedimientos iniciados, 44 que culminaron con sanción firme y seis indemnizaciones; el Instituto de Transparencia registró 88 expedientes de los que 71 antes de agosto del año pasado y seis se concluyeron en periodo de este informe.
La Comisión de Derechos Humanos mexiquense instauró siete procedimientos de responsabilidad administrativa y siete que culminaron con sanción firme; el IEEM, 55 procedimientos iniciados y 51 concluidos con sanción firme, en tanto que al Poder Legislativo 645 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, 467 con sanción firme y 25 inmediaciones.
En lo que respecta al Tribunal de Justicia Administrativa atendió asuntos en jurisdicción especializada, 59 procedimientos de responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales y 70 a municipales y uno a particular, dando total de 130, y sobre procedimientos en trámites de emisión de sentencia registró 21 servidores estatales y 50 municipales.
Respecto a las sentencias dictadas por la sala especializada en procedimientos de responsabilidad administrativa fueron siete servidores públicos y nueve a municipales, dando 16; recuerdos de apelación 15 y los que culminaron con sanción dieron seis.
Informó que se dio seguimiento a las metas anuales del Programa de Trabajo Anual, cuyos objetivos están orientados a mejorar la prevención, control y combate a corrupción cumpliéndose 11 metas de las 13 establecidas, quedando dos en proceso.
Tras afirmar que la aplicación de la política estatal anticorrupción ha sido un reto, tras la pandemia por Covid19, pues se generó un diagnóstico estratégico de la entidad, a través de cuatro instrumentos de consulta ciudadana, foros regionales, encuesta electrónica, grupos de enfoque, dijo que se identificaron 60 prioridades de política pública con enfoque anticorrupción.
Dijo que cada día existen más sistemas, bases de datos e información que se puede consultar para análisis integral de acciones anticorrupción.
