Toluca/Estado de México
Por considerar que no hay penas suficientemente coercitivas contra funcionarios mexiquenses que cometan delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito, morena propuso reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, para que se consideren como delitos graves y se ordene prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo al documento, México se ubica en el lugar 123 de 176 de Índice de Percepción de la Corrupción, y es considerado uno de las peores opciones para hacer negocios, y bajar más en la percepción colocaría al país al nivel de Afganistán o Somalia.
“Un hecho lamentable es que en nuestro país la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas y que está aparejado con un alto grado de impunidad”.
Asimismo se indica que conforme a la Auditoría Superior de la Federación demuestran que tan solo el 2% de los delitos de corrupción son castigados, aunque los que se castigan casi nunca se incluyen los cometidos por altos mandos.
Se precisa que en mayo de 2017, la entidad se adhirió a la lucha en contra de esta problemática social creando la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, sin embargo el catálogo de delitos graves no sufrió actualización en cuanto al número de delitos correlativos a los delitos de cohecho, abuso de autoridad y peculado, pues antes de la implementación de la ley quien cometía abuso de autoridad no era sujeto a beneficio, sino perseguido de oficio y se ordenaba la prisión preventiva oficiosa.
“La reforma lejos de ayudar en el combate a la corrupción, dio lugar a una permisividad para que cualquier funcionario realice conductas atípicas, antijurídicas, culpables y punibles, pues las penas no son los suficientemente coercitivas para hacer un cambio profundo ante esta problemática social”.
Es así que Morena indicó que para inhibir conductas delictivas de servidores públicos, se reforme el Código Penal para que se adicionen como delitos graves, las figuras delictivas de ejercicio abusivo de funciones y el de enriquecimiento ilícito y se ordene la prisión preventiva oficiosa.
“La presente iniciativa, será la primera de una serie de propuestas cuyo propósito será reencaminar la finalidad por la que fueron creados los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno; basta como justificante saber que nuestro estado es considerado dentro de todos los estudios y estadísticas, como uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad”.