Toluca/Estado de México
"La clase política mexiquense violó la ley al acudir a la catedral de Toluca al acto de ordenación del nuevo arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González."
Así lo dio a conocer el especialista político y eclesiástico Bernardo Barranco, al señalar que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 25 establece claramente que las autoridades estatales y municipales serán auxiliares en términos previstos por este ordenamiento, aunque no intervendrán en asuntos internos de las autoridades religiosas.
Toma posesión Raúl Gómez González como segundo arzobispo de #Toluca
Indicó que en administraciones panistas anteriores hubo mucha polémica, como ejemplo la cercanía de Vicente Fox con el sector eclesiástico, lo que ocasionó que incluso el mandatario recibiera apercibimientos o bien la misa los domingos, pero en el caso de los partidos, no hay ningún impedimento.
“El desborde frente al nuevo obispo es mala señal al carácter laico”.
Indicó que solo de manera simbólica se muestra en el Estado de México la separación de iglesia y estado.
El especialista aclaró que el fundamento histórico se remite al Grupo Atlacomulco, desde la conducta política mexiquense de Arturo Vélez, primo de gobernadores, a quien haber sido Obispo de Toluca le permitió acercarse a toda la clase política.
Agregó que en la entidad mexiquense hay una particularidad, misma que quiso imponer “Salinas”, pero que no le salió:
“Que la iglesia católica fuera símbolo de la gobernabilidad; que fuera parte y la nomenclatura del poder”.
Bernardo Barranco indicó que es claro que hay una simbiosis política y cultural, por lo que su asistencia al acto religioso no es extraña.
“No extraña que la clase política mexiquense se salte las leyes en el país y estén presentes en una ceremonia claramente político-religiosa”.
Aseveró que, aunque fue un acto de cortesía, es claro que viola los preceptos de laicidad, ya que fue en horas laborales.
“Los funcionarios tenían que estar aplicados a sus deberes y resulta que están violando la ley”.
Al final aclaró que tendría que mediar una queja, incluso de ciudadanos comunes, ante la Secretaría de Gobernación para determinar la hondura del quebranto, ya que lo que hacen es apercibimiento, es decir, un llamado a que no se repita.
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