Toluca/Estado de México
De acuerdo con estudios de la UNAM, hace 30 años había una disponibilidad de agua de 18 mil m3 de agua por persona y actualmente, se estima que esa cifra se redujo a poco más de 3 mil metros cúbicos.
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Es por ello por lo que, en comisiones legislativas, comenzó el análisis de la propuesta de los diputados del PRD para que se adicionen tres párrafos al artículo 5 de la Constitución Política Libre y Soberano de México y garantice el derecho y accesibilidad al vital líquido.
“Es necesario tener derecho al agua, garantizar su acceso y contar con una justicia hídrica. Existe una problemática estructural en las cuales el agua es considerada como un bien económico y como mercancía más que como un recurso vital para el ser humano"
El legislador perredista Ortega Álvarez aseveró que se vende más caro un producto por el hecho de que sus procesos cuidan el flujo natural del agua, o en su defecto, pagan por el daño. Esta mercantilización y capitalización del medio ambiente no tiene interés en cuidar o asegurar el acceso al agua, sino buscar mejores condiciones comerciales.
Ejemplificó que en el 2021 una pipa de agua costaba mil 79 pesos por 10 mil litros de agua y la concesión a una refresquera al año cuesta 2 mil 600 pesos.
Es por eso por lo que su propuesta plantea adicionar un quinto, sexto y séptimo párrafo, recorriéndose los párrafos subsecuentes, quedando de la manera siguiente: Toda persona tiene derecho al agua como líquido vital, inherente al ser humano como recurso proveedor de vida, y como patrimonio social, natural y cultural.
El derecho al agua debe garantizar que el líquido sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todos sin distinción alguna.
El Estado de México debe asegurar el cumplimento de este derecho y garantizar justicia hídrica, como la capacidad del estado para proteger las aguas no potables y las potables para el uso humano, garantizando además la restauración de los daños producidos al líquido y a la infraestructura que lo transporta.
“Lastimosamente los particulares se han sobrepuesto al interés colectivo, de forma que los grandes corporativos e industrias han acaparado el líquido para su propio beneficio, restringiendo las posibilidades de una repartición más justa y equitativa del agua”, puntualizó el legislador perredista.
