Estado de México
Es grave que en la entidad mexiquense, 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad sufrieron algún tipo de violencia y hasta tortura sexual durante alguna etapa del proceso, por parte de integrantes de corporaciones policiacas, por lo que es urgente que el Poder Judicial y la Fiscalía General tomen medidas para erradicar estas prácticas.
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Así lo refirió el diputado morenista Camilo Murillo, quien refirió que a partir de los hechos de San Salvador Atenco en 2006, cuando presuntamente 31 mujeres fueron agredidas sexualmente por policías estatales durante un operativo, el gobierno federal realizó un Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad, con el compromiso de generar mecanismos para atender y erradicar estas malas prácticas.
Dicha investigación, realizada en 2021, reveló que el Estado de México encabeza el mayor número de denuncias de tortura en contra de mujeres con 36 actas, seguido de Veracruz y Guerrero (25), Nuevo León y Chihuahua (21).
Recordó que las autoridades que fueron señaladas como probables responsables de los actos de tortura en contra de mujeres fueron: policía federal (28 %), estatal (19 %), ministerial estatal (16 %), municipal (13 %), Defensa Nacional (7 %), Secretaría de Marina (6 %), Ministerial Federal (5 %), Guardia Nacional (3 %), personal de migración (1 %) y personal penitenciario (1 %).
Dio a conocer que para hacer el Diagnóstico se entrevistaron mil 280 mujeres procesadas y sentenciadas en 66 penales de las 32 entidades del país.
Asimismo, de acuerdo con esta información se encontró que al menos 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, durante las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio.
El legislador informó que en la etapa de arresto y traslado, el 25.62 % de las mujeres consideró que fue víctima de tortura sexual, mientras que el 72.50 % señaló que no fue agredida sexualmente. El 73 % manifestó haber sufrido violencia física y psicológica.
Quienes recibieron ataques físicos: el 27.5 % dijeron que fueron pateadas; el 18 % golpeadas con objetos; el 16 % golpeadas en senos, glúteos o genitales; 14 % forzadas a desnudarse; 3.5 % sufrieron violación sexual vía oral, anal o vaginal y el 3 % introducción de objetos en cavidades. Los ataques psicológicos referidos fueron: insultos (18 %); intimidación (15 %); humillaciones (14 %); aislamiento (10 %) y actos denigrantes (9 %), entre otros.
Durante su estancia en el Ministerio Público, el 12.58 % de las mujeres dijo que fue víctima de tortura sexual, mientras que el 80.31 % no consideró haber sido víctimas de dicha conducta, y en 7.11 % no se contó con información.
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