Toluca/Estado de México
El Congreso del Estado de México solicitó al titular de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México que informe a la Legislatura la cantidad de altavoces conectados a la alerta sísmica en la entidad, desagregando cuantos se encuentran en funcionamiento, en reparación, o bien son pérdida definitiva, así como las acciones realizadas y los recursos destinados para su operación.
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Los diputados avalaron una propuesta de la diputada Edith Marisol Mercado Torres donde también se pide informar las causas por las cuales no se activaron varios altavoces de la alerta sísmica en la zona sur, norte y oriente del Estado de México durante el sismo del pasado 19 de septiembre.
El documento expone que, si bien durante el simulacro de ese día las alertas funcionaron correctamente en todo el territorio estatal, durante el sismo no se activaron en la mayoría de los municipios del sur mexiquense y en algunos del norte y oriente de la entidad.
“Dichas alertas no se activaron ni indicaron a la población mexiquense que se estaba presentando la actividad sísmica; la ciudadanía se percató de dicho sismo por el movimiento ocasionado y por los medios de comunicación que empezaron anunciar con urgencia el fenómeno sísmico que estaba ocurriendo”, señaló.
Refirió que el sismo recordó que la gestión integral de riesgos y Protección Civil debe ser un eje transversal en las actuaciones y decisiones del Estado y consideró necesario que las autoridades estatales realicen un diagnóstico certero sobre los sistemas de alertas sísmicas en operación, pues no se puede pasar por alto que los altavoces y alarmas que avisan la actividad sísmica no se encuentren en correcto funcionamiento; el no dar la atención y el mantenimiento necesario podría costar pérdidas de vidas humanas.
Es por eso que también se solicitó a los 125 ayuntamientos a que realicen, conforme a las normas técnicas, programas y demás normatividad aplicable, la inspección y el levantamiento de la información respectiva para determinar los posibles daños estructurales a los inmuebles que pudieran haber sido afectados derivado del sismo pasado, esto con el objeto de evitar pérdidas humanas y patrimoniales que pudieran vulnerar aún más la vida de los mexiquenses.
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