Toluca/Estado de México
Con la finalidad de reducir la discrecionalidad en las percepciones del servicio público, así como combatir la corrupción y contribuir a la transformación del estado, la legisladora morenista Rosa María Zetina González propuso expedir la Ley que Regula las Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas de los Poderes del Estado, los Municipios y los Órganos Autónomos del Estado de México, conforme a la cual, el salario de las personas titulares de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado en ningún caso podrá exceder al que corresponda al Presidente de la República.
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Dio a conocer que el servicio público es como cualquier otro oficio, profesión o carrera, digno de ser remunerado bajo los principios que lo dignifiquen, no así, el excesivo despilfarro de una élite que más que servir al pueblo busca perpetuarse en el poder y acrecentar las desigualdades.
De la misma forma, conforme al documento remitido a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, la cual deberá ser proporcional a su nivel jerárquico y al grado de responsabilidad que tengan, sin que puedan percibir por dicho concepto cantidades o beneficios mayores a los que por su nivel les corresponda.
Calificó como desproporcionada la asignación de los sueldos y salarios de las presidencias municipales, puesto que sin una normativa que los regule, la auto asignación de la remuneración es discrecional y fuera del rango de responsabilidades, mientras que, según datos del Instituto de Acceso a la información Pública de la entidad, solo 72 de los 125 Municipios transparentaron su tabulador de sueldos y salarios, existiendo una disparidad en la asignación.
De aprobarse esta ley y tomando como caso concreto el ejercicio presupuestal 2022, el erario municipal ahorraría anualmente más de 10 millones de pesos nada más en sueldos de titulares, y con el resto de los ediles, el ahorro sería superior a 125 millones de pesos.
Es importante indicar que la ley aplicará para establecer los sueldos de los servidores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y en los municipios, organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, empresas de participación mayoritaria estatal o municipal; fideicomisos públicos y organismos constitucionales autónomos de carácter estatal.
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