Toluca/Estado de México
Incrementar el salario mínimo mediante un decreto es una medida que beneficiará a poco más de 18 millones de personas en el país, aunque generar mayores condiciones de bienestar que impacten en toda la población, requiere políticas públicas de mediano y largo alcance que incentiven la creación de empleos dignos, formales y bien remunerados, señaló Gilberto Sauza Martinez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).
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Al exponer su perspectiva con respecto a la medida anunciada por el gobierno federal, el dirigente empresarial explicó que ante las condiciones económicas por las que atraviesa el país y las repercusiones en materia de inflación y en el poder adquisitivo que provocará el aumento del 20% al salario mínimo, es indispensable que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) generen estrategias para garantizar la creación de empleos formales, con mejores salarios y estabilidad, lo que beneficiaría también a las empresas.
Sauza Martínez indicó que la medida anunciada por el presidente de la República de incrementar el salario mínimo a partir del siguiente año, impactará a 18.3 millones de trabajadores del total de la población que tiene un puesto de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Explicó que el resto de las personas que obtienen un sueldo formal tendrán un incremento acorde a las negociaciones con sus empleadores, y reconoció que el aumento sí provocará un mayor flujo de efectivo, pero no necesariamente mejores condiciones de vida en el largo plazo para toda la gente.
“El aumento del 20 por ciento solo beneficiará de manera directa a las personas que ganan el salario mínimo y en la industria, por ejemplo, es casi imposible encontrar una persona que gane eso. En el caso del sector de servicios, el salario se complementa con bonos o comisiones por lo que el ingreso difícilmente es de un salario mínimo”.
Sauza Martínez señaló que durante los últimos años se ha establecido, como una política, el incremento de hasta dos dígitos del salario mínimo, lo que no necesariamente repercute en mejorar el poder adquisitivo de toda la población ni es una medida efectiva para el control de la inflación, por lo que las acciones deben ser de mayor alcance, para impactar en la calidad de vida de las y los mexicanos.
Lo que se requiere -explicó- es un verdadero crecimiento en la economía, lo que significaría mejores ventas e inversión, reducción del desempleo y de la informalidad y, en ese sentido, destacó el esfuerzo del sector económico para crear empleos formales y con respeto pleno a los derechos laborales, al promover inversiones de largo plazo.
Recordó que poco más de 56 millones de empleos en el país se ubican en la informalidad, lo que implica condiciones de precariedad e inestabilidad, por lo que insistió en la necesidad de impulsar políticas de largo plazo, a partir del trabajo conjunto entre las autoridades y el sector económico, de manera que se impulsen estrategias integrales que signifiquen desarrollo y bienestar generalizados.
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