Toluca/Estado de México
La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Claudia Valdés López, dio a conocer que este año cierra con 123 de los 125 Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) listos.
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Informó que son los municipios de Ixtapan del Oro, Xonacatlán, Papalotla, Ecatepec de Morelos y Amanalco los últimos en instalar sus SMA, quedando por instalarse dos que corresponden a Temascaltepec, que se encuentra en proceso, y Donato Guerra.
En este último caso, informó que las autoridades no han respondido a los acercamientos que realiza la Secretaría y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Consideró que se registra una cifra histórica, que si bien no es la totalidad de los 125 municipios que conforman el estado, permite visualizar el conocimiento que se tiene ya del Sistema Anticorrupción, gracias al esfuerzo de acercamiento, asesoría y coordinación constante entre el CPC, la Contraloría del Poder Legislativo y la Secretaría Ejecutiva, con el propósito de concienciar a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM).
Agregó que la entidad mexiquense es la única a nivel nacional que incluyó en su legislación la obligatoriedad de la instalación de estos sistemas, siendo pionero en la importancia de llegar a la división administrativa más pequeña del Estado, debido a que la corrupción a nivel municipal puede ser más perjudicial; cuestión que está siendo ya replicada en otras entidades de forma extraoficial.
Informó que este mes se realizaron capacitaciones por distrito judicial a los SMA existentes, acerca de los programas de trabajo anual y actividades que pueden contemplarse en estos, para continuar robusteciendo la estructura de los Informes Anuales del Sistema Anticorrupción.
Los SMA son las instancias de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que tienen por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.
