Toluca/Estado de México
Alejandra Monroy Téllez, por más de un año, fue víctima de abuso sexual, violencia física y verbal por parte del padre de sus hijos, desde hace ocho meses decidió separarse y emprendió el duro camino de un proceso judicial para obtener la pensión alimenticia, pues actualmente solo le entregan mil pesos mensuales, pese a que el salario de su expareja es superior a los 150 mil pesos, sin embargo, hasta el momento "las influencias y cercanía del demandado con familias de renombre en la entidad" ha impedido que se resuelva conforme a la ley, acusó la joven.
Exhiben a deudores alimentarios en la Alameda de #Toluca
Esta mañana acudió a los juzgados en materia familiar del Poder Judicial del Estado de México para una audiencia, con el temor de que resulte en su contra, pues las influencias, dado que es cercano a familias “de apellido pesado", provenientes de Atlacomulco y primo del expresidente del Poder Judicial, explicó que su apellido es el de un exnotario muy destacado, por lo que solicitó apoyo de agrupaciones feministas a que la respalden para hacer público que ha sido amenazada y amedrentada para concluir el juicio.
En entrevista, previo a entrar a la audiencia, detalló que ella conoció a su expareja cuando ella era menor de edad y él un adulto, si bien admitió que “soy responsable de haberme relacionado con este tipo de persona conflictiva”, señaló que no quiere soportar más maltrato, toda vez que pasó de estar sólo en su contra para estar contra su hija también.
“El señor no quiere dar pensión para la niña, actualmente en una de las conciliaciones previas a la audiencia inicial, aceptó que tiene ese salario pero que se rehúsa a pagar la pensión. Él es familiar de personas muy pesadas en la entidad, su apellido paterno es de familias muy importantes, por lo tanto, cuando lo escuchan abogados y jueces, se detienen, y el materno es del poblado de Atlacomulco, durante el periodo pasado cada vez que amenazaba, decía también que no podía proceder porque tenía muchas influencias”, comentó.
Afirmó que la violencia comenzó desde que supo sobre el embarazo de Alejandra y no se ha detenido:
"Me gritó zorra, prostituta, atacó a uno de mis acompañantes y fue afuera de estas instalaciones (los juzgados). Él me oprimía el cuello hasta dejarme sin aire, me chupaba la cara, me acorralaba en una esquina, hasta una vez que hicimos un viaje a Mérida, para tramitar la visa nos dejó abandonadas en la calle, golpeó el carro, nos amedrentó tanto que los oficiales se acercaron y él pudo huir”, comentó Alejandra sobre la última audiencia de hace unas semanas.
Detalló que la aisló al 100%, al grado de controlar quién podía visitarla, la alejó de su familia e impidió que saliera, pero tras un año y medio la violencia llegó hasta la niña, quien teme verlo por las agresiones, que agregó, todas fueron denunciadas ante el Ministerio Público, cuando el 6 de junio pudo ampliar la denuncia, porque previamente desestimaron todas las pruebas y las acusaciones.
Por su parte, Leonardo Espinoza, activista defensor de los Derechos Humanos, apeló a que la justicia se balancee de forma equilibrada entre todos los ciudadanos, sin importar el apellido o la cercanía con familias anquilosadas en el poder, señaló que acuerparon a la joven denunciante, quien se dijo “vulnerable” ante el peso del poder de la familia del padre de su hija.
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