Toluca/Estado de México
Ante el incremento de los juicios administrativos y fiscales en la entidad en más de 13% en el último año, el subejercicio de recursos y la falta de eficacia para dar una respuesta oportuna a los ciudadanos, el coordinador parlamentario de Morena Maurilio Hernández González, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
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El documento indica que el Tribunal cumplió 36 años de existencia y que a partir de 2017 se constituyó con la actual atribución de substanciar y resolver procedimientos por faltas administrativas graves y de aquellas que sean cometidas por particulares dentro del marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Es así que, el 31 de mayo de 2017 entró en vigor la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para dar sustento a la reforma en el ámbito Federal de combate a la corrupción plasmada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.
“Con la pretensión de armonizar la legislación estatal, a aquella reforma constitucional para dar vigencia a la creación y operación de los sistemas estatal y municipal anticorrupción, se consideró a ese Tribunal como uno de sus pilares, en atención a las atribuciones que en esa materia se le otorgaron para combatir la corrupción a través de Salas Especializadas”.
No obstante, solo tuvo una vigencia de poco más de un año, porque el 31 de agosto de 2018 se publicó en la “Gaceta del Gobierno” la actual Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y se dispuso desaparecer tanto al Consejo de la Justicia Administrativa como a la Visitaduría Jurisdiccional para otorgarle, en su mayoría, sus atribuciones a la Junta de Gobierno y Administración.
De la misma forma, se ampliaron las atribuciones del presidente del Tribunal, para cambiar de adscripción a los magistrados del Tribunal, nombrar al Secretario General del Pleno, a los Secretarios Generales de Acuerdos, Directores y Jefes de Unidad; o aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal.
De acuerdo con el portal de transparencia de ese Tribunal, los juicios administrativos y fiscales se incrementaron en 2022 en un 13%, al pasar de 5004 realizados en 2020, 6 mil 496 en 2021 y 7 mil 353 en 2022, principalmente en las salas de Toluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec.
Sobre las actuaciones de los dos magistrados supernumerarios, en 2022 emitieron 524 resoluciones, mientras que los numerarios un total de 6 mil 022 sentencias.
En 2021 los magistrados numerarios emitieron 4 mil 789 sentencias, y los supernumerarios 367 resoluciones, en tanto que en el 2020 se emitieron 4 mil 423 sentencias y los magistrados supernumerarios pronunciaron 240 resoluciones.
Se dio a conocer que la Ley de 2017 y la vigente, se modificó a partir de la concepción de diversos modelos de gobierno interior y estructura administrativa, otorgando mayores atribuciones a la Junta de Gobierno y al presidente en turno, así como ampliar las unidades administrativas, limitando al Pleno, a pesar de ser el órgano con mayor representación dentro del Tribunal, pues éste se encuentra integrado por 14 magistrados de un total de 25. En tanto que la Junta de Gobierno, órgano dotado de mayores atribuciones, está integrado únicamente por cinco magistrados.
En materia financiera, la Legislatura local aprobó al Tribunal de Justicia Administrativa para 2023 un presupuesto por 287 mil 2 millones de pesos, que significó un incremento de 67.2 millones adicionales con relación al año anterior, lo que debería permitir un mejoramiento institucional, organizacional y de dirección de la justicia administrativa para una buena administración pública libre de corrupción.
También precisa que desde 2018, el citado Tribunal mantiene subejercicio de los recursos asignados para su operación, pues tan solo en 2021 se le aprobó un presupuesto de 229.9 millones y solo ejerció 178,7 millones, y en 2022 disponía de 220 millones de pesos, pero sólo gastó 208.9, por lo que debe ser más eficaz en el ejercicio de su presupuesto para proporcionar a los gobernados mejores condiciones en los procesos de justicia administrativa para que estos sean más expeditos y de mejor calidad.
“Se propone que las actuales magistraturas de supernumerarias se transformen en nuevas salas regionales, así como repensar la funcionalidad de la consultiva que como se ha visto en realidad aporta muy poco a la actividad propia de ese Tribunal, dado que es evidente que las cargas de trabajo de ese órgano constitucional autónomo se han venido incrementando”, señala la propuesta.
También, se plantea la necesidad de retomar que algunas de las atribuciones que actualmente tiene asignadas la Junta de Gobierno, sean reintegradas al órgano del Tribunal con mayor representatividad, como lo es el Pleno, y eliminar la facultad de la Junta para que emita opiniones técnicas en materia de responsabilidades administrativas respecto de servidores públicos con actividades jurisdiccionales, al considerar que ello altera el procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de la Materia en el Estado de México que no hace excepción alguna respecto de este tipo de servidores públicos.
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