Toluca/Estado de México
En sesión de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, continúa el análisis de la iniciativa que atiende las observaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar las reformas al Código Penal del Estado de México, que formaban parte de la “Ley Ingrid” aprobada en 2021.
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Tras el análisis de esta propuesta presentada por la diputada Luz María Hernández Bermúdez, se anunció que se convocará al Poder Judicial y nuevamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de que se pueda sancionar a funcionarios públicos, de procuración y administración de justicia, que difunda fotos, videos, audios o cualquier otro tipo de registro que se tenga de una víctima de violencia.
La propuesta de la iniciativa busca reformar el Código Penal del Estado de México, y modificar el artículo 227 Bis y adiciona la fracción XVI del artículo 335, y a esta se suma la iniciativa impulsada por el PVEM, también para reformar el artículo 227 bis, en voz de la diputada María Luisa Mendoza.
La diputada Karina Labastida, recordó que esta propuesta se había aprobado en la Legislatura anterior, pero se presentó una acción de inconstitucionalidad 136/2021 (porque no se encuadra perfectamente la conducta), nuevamente se debe convocar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dé sus argumentos, además ya hay estados en donde se lleva a cabo la Ley Ingrid, y hay propuesta de incrementar las penas en relación a otras entidades.
La legisladora, María Luisa Mendoza Mondragón solicitó que se pudiera discutir de manera conjunta las iniciativas del PVEM y de la diputada LuzMa Hernández Bermúdez, que justo de manera general se tienen que modificar el artículo 227 bis del marco jurídico del Código Penal y el 335 ambas hablan de la penalidad y ambas iniciativas consideran algunos tipos que pudieran considerarse y propuso que por el acto inconstitucional se debe tener la presencia del Poder Judicial, para su opinión técnica para esta iniciativa.
Los integrantes de la comisión legislativa coincidieron en que, sí se debe atender, pero se tiene que analizar detalladamente tomando en cuenta opiniones de autoridades, para lograr su correcta aplicación.
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