Toluca/Estado de México
Esta nueva ley, impulsada por la diputada priista Karla Aguilar Talavera y la legisladora morenista Azucena Cisneros, desde la Legislatura mexiquense, se convertirá en el marco normativo para sancionar conductas antisociales que, aunque no constituyan delitos, se registren como faltas administrativas.
"Esta Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios se aparta de las prácticas tradicionales que propiciaban la corrupción y los abusos, adoptando un enfoque más humano y cercano a la gente", afirmó la gobernadora en presencia de la diputada priista.
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Añadió que la justicia cívica es una de las formas más inmediatas y completas para abordar los conflictos derivados de la convivencia diaria.
Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 2020, en el Estado de México se reportaron 193,499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales y quejas. De las faltas cívicas registradas, más de 100,000 resultaron en arresto, 50,000 en multa y 29,000 en amonestación, pero solo 655 se resolvieron mediante acuerdos de mediación o conciliación.
"Estas cifras demuestran la necesidad de una reforma en la administración de la justicia o, en su defecto, en lo relacionado con la justicia restaurativa y la mediación".
La nueva ley presenta a los Juzgados Cívicos como centros de justicia accesibles y cercanos a la ciudadanía, que serán el corazón de esta ley. Por ello, se crearán en todos los municipios del Estado, eliminando las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras de los Ayuntamientos. Además, se implementarán espacios de Sala de Audiencias, Sección de Recuperación de Personas en Estado de Ebriedad o Intoxicación, Sección de Personas Adolescentes, Sección Médica y Área de Evaluación Psicológica, y Área de Aseguramiento.
Se destaca la importancia del trabajo a favor de la comunidad como componente terapéutico o reeducativo, brindando la oportunidad de reparar el daño social causado por infracciones administrativas. Además, se contempla la posibilidad de procedimientos de mediación y conciliación para agilizar la justicia primaria y hacer corresponsables a las personas, excluyendo los conflictos que implican violencia de género.
Con esta ley, los ciudadanos contarán con un juez cívico, un secretario cívico, una persona facilitadora, un médico, un psicólogo y policías de custodia. La designación de jueces cívicos se llevará a cabo mediante convocatoria abierta y pública, siendo nombrados por sus Cabildos.
Asimismo, la nueva normatividad procurará que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad, permitiendo al infractor reconocer el daño social causado y restituirlo. También facilitará la identificación de la población en riesgo y se monitoreará la residencia.
La gobernadora mexiquense reconoció que el decreto de esta ley es el resultado de la concertación de ideas y propuestas a través de la Iniciativa presentada por la diputada Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera, miembro del Grupo Parlamentario del PRI, y la diputada Azucena Cisneros Coss, integrante de Morena.
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