Toluca/Estado de México
De uno hasta cuatro años de prisión, se aplicarán a los patrones que pretendan obligar a los trabajadores a firmar hojas en blanco, propuso el legislador del Partido del Trabajo (PT) diputado Sergio García Sosa.
Diputados piden informe sobre obras complementarias al Tren Interurbano
Al reconocer que las empresas de outsourcing son las que más incurren, el legislador indicó que tras la pandemia ocasionó la flexibilización de las garantías laborales y toda clase de prácticas vejatorias que condicionan el acceso a un empleo.
De ahí que se requiere reformar el Código Penal, para encarcelar al patrón que obligue o condicione por cualquier medio a una persona a firmar documentación en blanco para su contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
Conforme a la iniciativa de reformas al Código Penal, se precisa que los tribunales laborales diariamente abordan este tipo de demandas y resulta preocupante que las empresas que más acuden a esta práctica son las menos reguladas y que menores responsabilidades guardan frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo el esquema de subcontratación (outsourcing).
Jesús Gerardo Izquierdo Rojas del PRI, detalló que la firma en blanco se define como aquella puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel en blanco o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos.
Es por eso que se requiere que la legislación penal condene y reconozca estas prácticas ultrajantes, por lo cual es necesario establecer garantías para que las y los trabajadores denuncien abusos sin poner en riesgo su contratación, además de sancionar a los patrones.
Ello a pesar de que la Ley Federal del Trabajo menciona que la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco en las relaciones laborales, no establece sanciones ejemplares que ayuden a desincentivar los abusos, en tanto que el Código Penal es omiso en cuanto a las renuncias en blanco.
“Es por eso que se propone precisar la comisión de este delito y sus sanciones, al equipararlo con el delito de falsificación de documentos privados. La iniciativa fue remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia”, indica el documento.
#Huixquilucan rehabilita escuelas con programa “Acción por la Educación”
