Toluca/Estado de México
Por mayoría de votos las y los diputados del Estado de México aprobaron en Comisión la iniciativa de reforma conjunta de Morena, Partido Verde y del Trabajo que deroga y adiciona diversas disposiciones en materia del Poder Judicial, cumpliendo así el mandato del Congreso de la Unión que ordenó armonizar la Constitución y leyes estatales con las disposiciones federales con el objetivo de realizar una elección popular para elegir a la mitad de las juezas, jueces y magistrados a través de voto libre, directo y secreto el día primero de junio del 2025.
Legisladores mexiquenses avanzan en el análisis de la reforma judicial
En la reunión de las y los diputados que integran las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Procuración y Administración de Justicia, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, diputado de Morena, precisó que la reforma tiene el objetivo de garantizar una justicia cercana, transparente y al servicio del pueblo mexiquense.
“Durante décadas ha sido el anhelo de nuestro pueblo un sistema judicial que responda a las necesidades de las y los ciudadanos”, dijo al precisar que los cambios buscan garantizar una impartición de justicia imparcial y eficiente.
Recordó que una de las principales problemáticas que enfrenta el sistema judicial mexicano es la desconfianza de la ciudadanía por la creciente desconexión entre la sociedad y las instituciones encargadas de impartir justicia.
Carlos Zurita resaltó que la reforma significa un cambio radical, ya que coloca al ciudadano en el centro del sistema de justicia al permitir que sean ellas y ellos quienes elijan a los impartidos de justicia.
La elección de las y los juzgadores, organizada por el IEEM y la prohibición de que ningún partido político puede intervenir, permitirá a la ciudadanía conocer a fondo a quienes aspiran a ocupar estos cargos tan relevantes y también fortalecerá la independencia del Poder Judicial estatal, garantizando que las y los funcionarios públicos puedan tomar decisiones libres de presiones políticas o económicas, expreso el diputado Carlos Zurita.
Es de destacar que durante las reuniones previas de ambas Comisiones participaron en la discusión, análisis y debate de las propuestas de reforma, representantes como Ricardo Sodi Cuellar y Jesús George Zamora, presidente del Poder Judicial y titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, respectivamente, así como Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México.
En su intervención, Octavio Martínez Vargas, diputado de Morena por Ecatepec, ratificó que el Congreso local está obligado a realizar una armonización y posteriormente adecuación al Código Electoral y Administrativo para que la elección de los juzgadores se materialice.
Recordó que, a nivel nacional, pero sobre todo estatal las y los legisladores de Morena y de la 4T, impulsan la reforma al Poder Judicial porque el Estado de México tiene el último lugar en acceso a la justicia y de los 34 mil internos que hay en estos momentos en cárceles estatales, 19 mil no han sido procesados y podrían ser inocentes.
Puntualizó que, entre algunas de las consecuencias de mantener a miles de personas inocentes en el sistema penitenciario, es la partida presupuestal de 1,200 millones de pesos al año para otorgar alimentación a los 34 mil internos mexiquenses.
Martínez Vargas detalló que el presupuesto anual del Poder Judicial estatal asciende a 5,400 millones de pesos, una cantidad de dinero extraordinaria.
El diputado aseguró que algunos impartidores de justicia son corruptos y hay magistradas y magistrados estatales rodeados de lujos.
En su intervención, Vladimir Hernández Villegas, también diputado de Morena, explicó que la reforma al Poder Judicial es una deconstrucción de ese Poder y ello significa un cambio de régimen.
Pidió a las y los diputados del PAN, PRI, PRD y MC sumarse al análisis y estudio de las propuestas de reforma al Poder Judicial estatal, porque buscan mejorar la impartición de justicia y su experiencia y conocimiento son necesarios en una discusión tan relevante.
La reforma también contempla que tras la conclusión del periodo del presidente del Poder Judicial, 31 de diciembre del presente año, el Poder Ejecutivo presentará al Legislativo una terna de magistradas y magistrados en funciones del mismo Poder Judicial estatal, para que de ahí surja la o el titularidad que estará en funciones de forma temporal hasta que concluya el proceso de elección.