Toluca/Estado de México
El Grupo Parlamentario del PRI propuso en el Congreso una iniciativa para garantizar que el Estado y los Municipios paguen los daños ocasionados en los vehículos a causa del mal estado de las vialidades.
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Al presentar la propuesta ante el pleno, el diputado Alejandro Castro, explicó que tanto la Constitución mexicana como la estatal establecen la responsabilidad patrimonial del Estado y obligan a los entes públicos a reparar los daños que se deriven de su actividad administrativa irregular.
Precisó que a la fecha es casi imposible transitar por algunas vialidades del estado, lo que genera un problema económico para las y los mexiquenses, quienes tienen que pagar, desde los dos mil y hasta 20 mil pesos, por reparaciones, o hasta los 40 mil pesos tratandose de unidades del transporte público.
“En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la economía de las y los ciudadanos y asegurar vías públicas seguras y transitables; presentando esta iniciativa buscamos crear un marco jurídico que reconozca el derecho a una indemnización, a través de procesos de reclamación accesible y un fondo estatal de responsabilidad patrimonial”, aseguró el diputado Alejandro Castro.
Esta iniciativa busca garantizar el derecho a una indemnización por los daños causados por la negligencia en el mantenimiento de la infraestructura vial y crear un proceso ágil, mediante plataformas electrónicas y con asistencia gratuita para que los ciudadanos puedan solicitar el pago por las afectaciones sufridas.
En este sentido el PRI propone crear un fondo destinado a cubrir las indemnizaciones derivadas de la infraestructura vial, asegurando que haya recursos disponibles para ello, así como obligar a los entes de gobierno a publicar informes sobre las reclamaciones y las indemnizaciones otorgadas.
Esta iniciativa responde al reclamo de cientos de ciudadanas y ciudadanos mexiquenses que han señalado el descuido de calles y avenidas, y la indiferencia de las autoridades por los daños sufridos.
Su implementación representa un avance importante en la protección de la economía familiar y en la modernización de los mecanismos de responsabilidad patrimonial en el Estado de México.
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