Toluca/Estado de México
A 15 años del feminicidio de Mariana Lima Buendía en Chimalhuacán, Estado de México, su madre, Irinea Buendía Cortés, entregó este martes al Congreso mexiquense una iniciativa de ley que lleva el nombre de su hija.
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La propuesta busca obligar a las autoridades a investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, tipificar como delito la negación de justicia por razones de género y sancionar a funcionarios que, con omisiones o negligencia, contribuyan a la impunidad.
Durante la ceremonia conmemorativa se colocó una ofrenda y un memorial en la explanada del Congreso local. Irinea Buendía, quien ha dedicado 5,475 días a exigir justicia para su hija y para miles de mujeres asesinadas en condiciones similares, denunció que “acceder a la justicia en México ha sido un calvario marcado por la discriminación y la impunidad”. Señaló que se le negó justicia “por ser mujer, por ser pobre y por vivir en un entorno donde la violencia contra las mujeres está normalizada”.
En este contexto, la iniciativa, respaldada por la diputada Jennifer Nathalie González López, integrante de las comisiones de Derechos Humanos y de la Niñez del Congreso local, plantea reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado de México, para elevar a rango de ley los criterios establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2015 reconoció que Mariana fue víctima de feminicidio, luego de que su caso se cerrara inicialmente como suicidio.
Se propone adicionar una fracción al artículo 50 de la Ley de Acceso para establecer que la Fiscalía del Estado de México deberá investigar con perspectiva de género y con debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluidos suicidios y accidentes, aplicando el protocolo de feminicidio.
Asimismo, se plantea modificar el artículo 353 del Código Penal estatal, con la adición de la fracción XXXIV, para tipificar el delito de Negación de la Justicia por Razones de Género. Esta figura aplicaría a servidores públicos que obstruyan u omitan investigaciones por motivos de género. Las sanciones contemplan de cuatro a diez años de prisión, de 100 a 150 días de multa, y la destitución e inhabilitación del cargo.
