Toluca/Estado de México

Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente de la Cámara de Diputados del Estado de México, aseguró que los derechos de las y los trabajadores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) están garantizados y protegidos por las leyes laborales de carácter estatal y federal.

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Por ello, dijo, los que ahí se desempeñan aportando su capacidad y conocimiento deben tener la tranquilidad de que ningún derecho laboral será transgredido.

Adelantó que en las próximas semanas se tendrá que establecer, a través de las leyes secundarias, a dónde se pasarán las funciones del Infoem y también determinar con exactitud el traslado y/o destino del personal que se viene desempeñando en el Instituto.

En ese sentido, el diputado de Morena no descartó la posibilidad de que el área y/o ente que asuma las funciones del Infoem absorba a la plantilla laboral, entre otros factores, por su capacidad, conocimiento y especialización en la materia.

Maurilio Hernández recordó que en el ámbito legal laboral existe la figura del patrón sustituto, donde este absorbe a las y los trabajadores.

Todo el personal que labora en el Infoem actualmente tiene sus derechos a salvo, esto lo debemos tener muy claro, “ya sea que se les pague lo que marca la ley o simplemente se les vuelve a contratar”, puntualizó el legislador.

Cabe recordar que, atendiendo el mandato constitucional del Congreso de la Unión del país, el pasado 26 de junio la LXII Legislatura del Estado de México determinó, por mayoría de votos, adecuar el marco legal para anular la operación del Infoem.

El decreto a través del cual el Poder Legislativo determinó extinguir al referido Instituto precisa que el gobierno estatal está obligado a promover, garantizar, respetar y proteger el derecho a la transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales.

También puntualiza que está garantizado, en todo momento, el acceso a la información pública que esté en posesión de cualquier institución, dependencia, órgano desconcentrado y/o autónomo que hay en la entidad mexiquense y a los que se les identifica como sujetos obligados.

Es de destacar que, entre los objetivos de las adecuaciones al marco jurídico en materia de transparencia, no solo está la armonización de la ley estatal con la federal, sino también el impulso a los esquemas de simplificación administrativa, la disminución del gasto dedicado a dicha obligación constitucional, anulando la duplicidad de funciones; así como apuntalar y facilitar a cualquier ciudadano el acceso a la información pública.

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